La Fiscalía de Violencia de Género se declaró incompetente para investigar las denuncias contra el dirigente de ATE Roberto Macho porque concluyó que las agresiones denunciadas por siete mujeres de la comisión directiva del gremio ATE y de CTA Autónoma no se produjeron en contexto de género.

Por ello, la fiscal Mariana Pedot derivó los expedientes a la Fiscalía Correccional, que investiga delitos menores.

Ahora, la Justicia Correccional deberá decidir si continúa la investigación contra Macho y su esposa, Adriana Iranzo, o si se opone a la postura de Pedot.

En este caso, se activaría un conflicto de competencia que únicamente podrá resolver la Procuración de la Suprema Corte de Justicia para decidir quién se hará cargo.

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Los denunciados Macho e Iranzo.

Los denunciados Macho e Iranzo.

La decisión de la Fiscalía de Violencia de Género desató, en las últimas horas, un fuerte reclamo público con manifestación de las denunciantes que aseguran que "Macho sí es violento".

Las mujeres denunciaron al referente de ATE por "acoso, violencia, violencia institucional, amenazas y abuso de poder". También aparece involucrada como denunciada la dirigente y esposa, Adriana Iranzo.

Que ella también haya sido denunciada fue uno de los puntos que llevó a la fiscal Pedot a decidir que no hubo violencia de género.

Bajo el lema "Queremos sindicatos libres de violencia", las denunciantes salieron públicamente a reactivar el reclamo de justicia.

"Los gritos, amenazas, aislamiento, castigos, insultos y la discriminación no dejan marcas como los golpes, pero si dejan huellas emocionales, hace años que sufrimos en silencio la impunidad de personas violentas, enviciados de poder y agachamos la cabeza por temor a las represalias" "Los gritos, amenazas, aislamiento, castigos, insultos y la discriminación no dejan marcas como los golpes, pero si dejan huellas emocionales, hace años que sufrimos en silencio la impunidad de personas violentas, enviciados de poder y agachamos la cabeza por temor a las represalias"

Antecedente

En marzo de 2021, el ala peronista de la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la condena a Roberto Macho y Raquel Blas por haber impedido la libre circulación en calles del Barrio Cívico durante una manifestación en Casa de Gobierno.

Ambos habían sido sentenciados a tres meses de prisión.

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