La Fiscalía apeló la condición de poner teléfonos públicos para sacar los celulares de la cárcel
El fiscal jefe de Homicidios rechazó la resolución del juez Sarmiento. Explicó que la ley prohíbe la tenencia de celulares en las cárceles de Mendoza y que no le corresponde al magistrado poner condiciones para cumplirla
Fernando Guzzo, el fiscal jefe de la Fiscalía de Homicidios, se refirió al condicionamiento para quitar el uso de celulares en las cárceles de Mendoza.
Los presos de Mendoza que tienen celulares deberán de volverlos, pero se les deberá garantizar formas de comunicación con sus familiares. Imagen ilustrativa.
Axel Lloret
Fernando Guzzo, el fiscal jefe de la Fiscalía de Homicidios, apeló un punto de la resolución del juez Sebastián Sarmiento en la que indicó que se deben retirar todos los celulares de las cárceles de Mendoza pero previamente debe garantizarse la instalación de teléfonos públicos en cada módulo o pabellón.
El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que no es competencia del magistrado poner condiciones para el cumplimiento de la normativa vigente.
El fiscal jefe expuso en su apelación que se trata de una resolución arbitraria que no tiene fundamentos y que torna la decisión como una "victoria pírrica". Agregó que la decisión del juez Sarmiento "agravia" al Ministerio Público, a la sociedad y al Servicio Penitenciario por la imposición de condiciones que, según el fiscal Guzzo, están infundadas e impiden que se cumpla con la retirada de celulares de los penales de Mendoza.
Sostuvo que el magistrado se atribuyó facultades que no le corresponden al poner condiciones a la aplicación de la ley vigente, luego de terminada la emergencia sanitaria que permitió la tenencia y uso de celulares dentro de las cárceles por el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus, lo que hizo que desde el 2020 hasta el momento ingresaran legalmente 4.224 teléfonos.
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El fiscal jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, apeló la resolución del juez Sebastián Sarmiento sobre el fin de celulares en las cárceles.
Guzzo expresó que el punto en el cual el juez dispuso que solo podrán retirarse los celulares en aquellos sectores donde se garantice un servicio de telefonía pública o semipública, "aparece nuevamente en escena la arbitrariedad", y agregó que lo que se les debe garantizar por ley a los internos es la posibilidad de comunicación oral, por medio de visitas, o escrita, como por carta, con sus familiares, allegados, amigos y abogados. "La ley no especifica de qué manera, ni con qué periodicidad, ni bajo qué cantidad de internos debe ser llevada a cabo".
Por todo esto, el Ministerio Público Fiscal pidió que se modifique el punto expuesto en la resolución del juez Sebastián Sarmiento y se efectivice el cumplimiento de la ley vigente que ordena la prohibición de celulares.
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Los presos deberán ser notificados con 30 días de anticipación a la devolución de los celulares que ingresaron. Imagen ilustrativa.
Teléfonos en las cárceles de Mendoza
El juez Sebastián Sarmiento fue quien advirtió que el 31 de diciembre de 2023 finalizaba el decreto emitido por el ex presidente Alberto Fernández sobre la autorización para que los presos tuvieran celulares en las cárceles para comunicarse con sus familiares en la pandemia de coronavirus.
Al no haber una definición de cómo se regularizaría la situación, el magistrado dictó una prórroga de 10 días y convocó a una audiencia con las partes intervinientes para definir cómo seguir.
El miércoles en la tarde Sarmiento emitió su resolución, en la que indicó que se deben sacar los celulares de las cárceles de Mendoza, pero con la condición que se garanticen otras formas de comunicación como con teléfonos públicos o semipúblicos en cada módulo o pabellón, lo que significa la instalación de alrededor de 180 aparatos en todos los penales de la provincia.
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El juez Sebastián Sarmiento ordenó la retirada de celulares de las cárceles de Mendoza previo a la instalación de teléfonos públicos en los pabellones y módulos.
Para llevar adelante este proceso, el Servicio Penitenciario debe notificar con 30 días de anticipación a cada interno con celular que deberá entregarlo, y estableció que sea de manera paulatina en un período no mayor a 6 meses.
Por otro lado, con una visión de perspectiva de género, indicó que las mujeres privadas de su libertad que son madres seguirán con sus celulares por su rol y para no perder contacto ni el vínculo con sus hijos.
Además, sostuvo que el debate sobre la tenencia o no de celulares para personas privadas de la libertad debe darse en la Legislatura o en el Poder Ejecutivo, quienes deben hacer una modificación en la ley vigente, y no en el Poder Judicial.
