El Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Luis Romero, aseguró que el fallo del juez Sebastián Sarmiento sobre la retirada de celulares dentro de las cárceles de Mendoza es "equilibrado e inteligente". El magistrado definió en la tarde del miércoles que los celulares dentro de las cárceles de Mendoza deben retirarse en su totalidad en un plazo de 6 meses, siempre y cuando se garantice telefonía pública para los internos. Las únicas que podrán tener teléfono son las mujeres privadas de su libertad por su rol de madres. Los intervinientes tienen tres días hábiles para apelar la decisión.
Tras la decisión judicial
El Procurador de las Personas Privadas de Libertad avaló el retiro de celulares de las cárceles
Luis Romero aseguró que el fallo del juez Sebastián Sarmiento es equilibrado y tiene perspectiva de género. El resto de las partes analizan el texto y tienen 3 días para apelar la resolución
Solo podrán erradicar los celulares de las cárceles de Mendoza siempre y cuando haya un sistema de telefonía pública. Imagen ilustrativa.
Romero sostuvo que la resolución del juez Sarmiento "hace lugar a algunas cosas que hoy hay que tener esa perspectiva, cómo la de género y permitirle el uso de celulares a las mujeres detenidas".
El funcionario indicó que "el uso en general de celular no tenía mucho margen por la ley actual", pero que la resolución prevé aspectos a arreglar antes que esto se haga efectivo, que es la instalación de teléfonos públicos en los diferentes módulos de cada penal para garantizar que los internos puedan continuar comunicándose con sus familiares y allegados.
►TE PUEDE INTERESAR: El juez Sarmiento resolvió que los presos de Mendoza no podrán tener más celulares en las cárceles
"Creo que no es el camino apelar esta resolución porque este fallo está en el marco de una pandemia que ya terminó", expresó Romero y agregó: "Creo que podemos superar los 6 meses para retirar los teléfonos y mientras tenemos que intentar que la Legislatura debata la reforma de esa normativa para reformarla y ajustarnos a los estándares internacionales".
Para el Procurador de las personas privadas de la libertad, sería "arcaico prohibir las comunicaciones por celular", debido a los avances tecnológicos y de comunicación que hay "sino que tenemos que aplicar el ingenio y cómo aplicarlo mejor" para que los internos puedan tener teléfonos, pero regulados con controles parentales o alguna otra modalidad.
Agregó que hay un límite económico de las familias para ir a visitar a los detenidos, por lo que el uso de celular es una herramienta para mantener ese vínculo tan importante para las personas.
La perspectiva de género aplicada en las cárceles de Mendoza
En el escrito quedó fijado que las únicas que pueden continuar con celulares dentro de los penales son las mujeres por su rol de madre, quienes necesitan tener permanente contacto con sus hijos.
Este punto fue uno de los solicitados previamente por la Procuración de personas privadas de libertad. Su titular expuso: "Hay varios estudios que muestran que impacta diferente la detención de una mamá que la de un papá en una familia. Un hombre no hace todo lo que hace una mujer en la familia y cuando una madre es detenida la familia se disgrega y la comunicación con la mujer se ve doblemente afectada. Muy bien aplicada la perspectiva de género para seguir ese lazo familiar".
►TE PUEDE INTERESAR: Voces a favor y en contra en la audiencia para definir si los presos podrán seguir o no con celulares
De todas formas, Luis Romero sostuvo lo mismo que Sarmiento en su fallo: "Es necesario buscar ese debate en la Legislatura. Hay que explorar más las aplicaciones de control parental, somos una sociedad que está avanzando en el dominio de la programación de aplicaciones y en poco tiempo podemos tener resultados", y deslizó como posibilidades que los internos no puedan acceder a ciertas aplicaciones desde el celular y llamar solo a números que estén autorizados.
Resolución firme y su aplicación
Luego de emitido el fallo del juez Sebastián Sarmiento, las partes intervinientes tienen tres días hábiles para apelar dicha decisión. Luego de ese período, la resolución quedará efectiva y es el Servicio Penitenciario quien debe organizarse para darle aplicación.
El magistrado estableció que cada interno con celular debe ser notificado por lo menos 30 días antes de comenzar a regir la normativa. Luego, tendrán un plazo de seis meses para la entrega voluntaria de celulares y devolución del aparato a sus familiares.
Esto se podrá realizar siempre y cuando cada pabellón o módulo cuente con teléfonos públicos. Además los penales deberán contar con un sistema de videollamada para cuando los presos tengan una necesidad de urgencia con sus familiares o una reunión con sus defensores.