Fiscalía de Estado reforzó controles sobre empresas y fideicomisos públicos
La nueva resolución obliga a sociedades y fideicomisos con participación estatal a someter contratos, deudas e inversiones al control de la Físcalía de Estado
Impulsa Mendoza, la empresa estatal que promueve inversiones mineras, es otra de las que entra en el radar de la Fiscalía de Estado.
La Fiscalía de Estado de Mendoza avanzó con una resolución que endurece los controles sobre empresas, sociedades y fideicomisos vinculados al Estado provincial. La medida apunta a organismos que funcionan bajo figuras del derecho privado, pero manejan fondos públicos, recursos estatales o ejecutan políticas oficiales.
La resolución Nº 11, firmada por el fiscal de Estado Fernando Simón y publicada en el Boletín Oficial, establece que esos entes deberán someter determinadas decisiones al control previo y obligatorio de Fiscalía de Estado antes de firmar contratos, tomar deuda o disponer de patrimonio estatal.
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Fiscalía de Estado puso la lupa sobre empresas y fideicomisos públicos.
Qué organismos alcanzará el nuevo control de la Fiscalía de Estado
La resolución alcanza a sociedades anónimas con participación estatal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (SAPEM), sociedades del Estado, fideicomisos, fundaciones y otras figuras privadas creadas o integradas por el sector público provincial. Según el texto oficial, en los últimos años hubo una “tendencia sostenida” a utilizar este tipo de estructuras para descentralizar funciones estatales y agilizar gestiones.
Desde Fiscalía de Estado remarcaron que esas entidades siguen formando parte del Sector Público Provincial y, por lo tanto, deben quedar sometidas a mecanismos de control institucional. La resolución sostiene que el objetivo es compatibilizar “eficiencia en la gestión” con “transparencia” en el manejo de recursos públicos.
La norma fija 3 criterios que obligarán a enviar actuaciones para control previo:
relevancia económica o patrimonial;
trascendencia institucional;
complejidad o controversia jurídica.
Contratos, deuda y compras: los casos que deberán revisarse
Entre las operaciones que deberán pasar por Fiscalía de Estado aparecen actos de disposición patrimonial, transacciones, conciliaciones, inversiones financieras, toma de deuda, otorgamiento de avales y contratos relevantes.
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Agua y Saneamiento es una de las sociedades anónimas del Estado provincial.
También deberán someterse a revisión cambios importantes en los regímenes de compras y contrataciones, compliance, auditorías externas y operaciones que excedan el presupuesto habitual de cada ente.
En el caso específico de sociedades comerciales, el control alcanzará aumentos o reducciones de capital, transferencias accionarias, conformación de nuevas sociedades, distribución de dividendos y pago de honorarios extraordinarios.
La resolución además deja abierta la posibilidad de aplicar sanciones o formular observaciones si las entidades omiten enviar actuaciones que debían ser controladas. Fiscalía de Estado advirtió que podrían derivarse responsabilidades administrativas, patrimoniales, civiles e incluso penales para funcionarios y autoridades involucradas.
Los argumentos de la Fiscalía de Estado
El texto sostiene que el control preventivo busca evitar nulidades, costos y litigios posteriores con terceros. Según la resolución, un control previo resulta “más útil para la gestión pública” que intervenir cuando las operaciones ya fueron ejecutadas.
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Esos entes deberán someter determinadas decisiones al control previo y obligatorio de Fiscalía de Estado.
Además, Fiscalía de Estado argumentó que dejar el alcance del control librado a la voluntad de los organismos controlados convertiría el sistema en “ineficaz y ficticio”.
