Ley de extinción de dominio

La exesposa de Luis Lobos puede perder un departamento por un fallo de la Suprema Corte

Los supremos Julio Gómez, José Valerio y Pedro Llorente resuelven si aceptan o no la apelación de la ex esposa de Luis Lobos contra el fallo que la desapoderó en 2021

Tres jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron designados para decidir si la ex esposa de Luis Lobos seguirá siendo dueña de un departamento a su nombre o si esa propiedad pasará a remate público, como quedó determinado en el primer juicio de extinción de dominio del país, fechado en Mendoza.

Hoy, Claudia Sgró cumple condena a una pena unificada de 4 años y 3 meses de prisión efectiva en la cárcel por los delitos de fraude (sentencia de 2019) y enriquecimiento ilícito (fallo de marzo último) mientras era funcionaria de la Municipalidad de Guaymallén y Luis Lobos intendente peronista a cargo de la comuna.

Serán los supremos Julio Ramón Gómez, José Valerio y Pedro Llorente quienes resuelvan el planteo que Sgró presentó contra el fallo de la jueza civil María Paz Gallardo, que en 2021 la desapoderó de la propiedad situada en calle Cangallo de ese departamento.

Mendoza – 12/06/2015 – Julio Gomez (juez de la Suprema Corte de Mendoza) Foto: Victoria Gaitan
Julio Gómez, uno de los tres ministros de la Suprema Corte que resolverá la apelación de la exesposa de Luis Lobos.

Julio Gómez, uno de los tres ministros de la Suprema Corte que resolverá la apelación de la exesposa de Luis Lobos.

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La Corte ya tiene plazo para definir si la exesposa de Lobos se queda con la propiedad

El 6 de agosto la Suprema Corte de Justicia llamó al acuerdo para resolver qué pasará en definitiva con el departamento que Claudia Sgró tiene en Guaymallén.

Julio Gómez será el encargado de emitir el voto preopinante; lo seguirán Day y Llorente.

Este tribunal tiene 60 días hábiles para expedirse, plazo que vencerá a fines de octubre para cuando se espera que haya una sentencia.

La exesposa de Lobos nunca renunció a perder esa vivienda

Más allá del fallo de extinción de dominio de 2021, Claudia Sgró se aferró con uñas y dientes al departamento de calle Cangallo de Guaymallén porque allí viven familiares suyos.

Durante 2022 y 2023, mientras cumplía condena en la cárcel por fraude en el caso de los empleados truchos de la Municipalidad de Guaymallén, el Ministerio Público Fiscal intentó convencer a la exesposa de Luis Lobos de que renuncie a la apelación ante la Corte para acceder a un juicio abreviado por la causa de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Sgró mantuvo el planteo y en marzo de este año fue condenada en un juicio abreviado.

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De acuerdo a la ley de extinción de dominio, la Justicia dispondrá el remate público de bienes muebles o inmuebles adquiridos mediante maniobras de corrupción u otro tipo de delitos. Y que la recaudación será destinada a la reparación de edificios escolares.

La normativa fue reformada este año, ya que la primera experiencia resultó frustrante: por falta de ofertas fracasaron dos subastas judiciales convocadas por la jueza María Paz Gallardo para rematar una casa de grandes dimensiones y varias dependencias que Luis Lobos tenía a su nombre en un barrio semiprivado de Guaymallén. Ahora, la DGE ha quedado a cargo como custodia.

Mansión de Luis Lobos-Ingreso al barrio privado.png
La llamada Mansión de Luis Lobos no pudo ser subastada por falta de ofertas y pasó a manos de la DGE en custodia hasta que la Justicia resuelva si llama o no a un tercer remate público.

La llamada Mansión de Luis Lobos no pudo ser subastada por falta de ofertas y pasó a manos de la DGE en custodia hasta que la Justicia resuelva si llama o no a un tercer remate público.

Esta vivienda, conocida popularmente como "La Mansión de Luis Lobos", pasó a manos de la Justicia gracias al fallo de extinción de dominio que quedó firme en 2022 cuando el ex intendente peronista renunció a la apelación ante la Corte para acceder a un juicio abreviado en el caso de enriquecimiento ilícito.

Tras el retoque legal, bastará que fracase el primer remate judicial de bienes incautados en el marco de la ley de extinción de dominio -o sea perjudicial desde lo económico- para que la Justicia le entregue directamente a la Dirección General de Escuelas (DGE).