La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Mendoza) anunció que apelará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo condenatorio por daño moral que la Corte mendocina dejó firme, de manera unánime, contra esa institución, Roberto Macho y Adriana Iranzo, secretario general y secretaria adjunta respectivamente.
La cúpula de ATE apelará una condena que la Corte dejó firme

Roberto Macho, de ATE, fue condenado junto con la esposa y la organización gremial a indemnizar a una delegada gremial. Ahora apelarán en Buenos Aires.
A través de un comunicado posteado en las redes sociales, ATE Mendoza, la CTA Autónoma y la Agrupación de Mujeres reaccionaron con dureza frente a la decisión de la Sala 1 de la Corte de confirmar la condena civil de la Quinta Cámara de Apelaciones.
En la instancia inmediatamente anterior, este tribunal de alzada había avalado -aunque con correcciones- la condena impuesta por el Segundo Tribunal de Gestión Asociada (GEJUAS).
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Las correciones fueron las siguientes: rechazó la condena por violencia de género y redujo de $1.515.000 a $275.000 el importe de la indemnización a pagar.
"Atenta contra la verdad porque condena hechos que jamás sucedieron", dicen acerca de la sentencia de los supremos Julio Gómez, Pedro Llorente y Teresa Day fechada el 2 de marzo pero que recién se conoció este martes a través de la web del Poder Judicial y que Diario UNO publicó en exclusiva.
La sentencia indica que ATE, Macho e Iranzo deben pagarle $275.000 por daño moral y costos de tratamiento psicológico a una enfermera afiliada a ATE y posteriormente integrante de la Mesa Directiva que denunció hostigamientos, malos tratos, agresiones físicas, amenazas de muerte y abandono de parte del gremio para resolver su situación laboral y preservarla de las agresiones. Incluso, la baja de una licencia gremial por razones de salud.
Según ATE y las demás organizaciones que firman el comunicado, Macho ha sido mencionado "maliciosamente" en el fallo. En este documento, que lleva el número CUIJ: 13-04111645-9/1((012016-252533)), la Justicia lo condenó por no haber actuado frente a una situación de conflicto personal y gremial que atravesaba la enfermera Marcela Caro y que él no podía desconocer por su doble condición: jefe de ATE y esposo de Iranzo, denunciada por la demandante como autora de agresiones y amenazas.
Como "mentiroso, falaz y malicioso" califican el hecho que se le imputa a Iranzo, quien oportunamente fue denunciada en la Unidad Fiscal de Capital por Marcela Caro. Repudiaron, además, que se hable de daño moral, en referencia a la figura