Los magistrados que esperan la jubilación de ANSES trabajan en los tribunales provinciales.
La Asociación de Magistrados de Mendoza tratará este miércoles por la tarde cómo reclamar en ANSES por la demorada jubilación de más de 50 jueces y fiscales.
Esos magistrados renunciaron hace más de un año y aun esperan el retiro para dejar los despachos, lo que permitirá el recambio en las filas del Poder Judicial.
La comisión directiva sesionará bajo la conducción de la presidenta, Silvina Furlotti, quien acaba de asumir el segundo mandato hasta 2023.
Durante la reunión se pondrán sobre la mesa diversas propuestas de acción con la finalidad de destrabar más de medio centenar de expedientes jubilatorios que están en ANSES a mitad de camino.
Todos los involucrados dimitieron por escritos dirigidos al gobernador Rodolfo Suarez en 2020 bajo la condición de que dejarían los cargos únicamente cuando puedan cobrar la jubilación.
Por ende, muchos de ellos siguen en funciones y otros están con licencia por razones médicas.
La situación se presenta compleja porque ellos han manifestado su decisión de retirarse pero, sin embargo, están atrapados en sus cargos porque ANSES no termina los trámites necesarios para jubilarlos.
La mayoría supera los 60 años de edad y acumula varias décadas de antigüedad. Cobran, lógicamente, sueldos altísimos que al Estado provincial le urge dejar de pagar.
Cuando sean jubilados esas remuneraciones mensuales serán pagadas por el Estado nacional.
Pocas respuestas han encontrado esos magistrados acerca de la demora en el cierre de los expedientes de parte de ANSES. Acaso una de las más certezas apunte a que esa repartición, que depende directamente del Gobierno de Alberto Fernández, haya preferido destinar dineros públicos a sostener ayudas sociales por la pandemia en vez de costear el retiro de esos jueces y fiscales.
La situación mendocina no es exclusiva. De hecho, magistrados de otras provincias también esperan que se destraben expedientes jubilatorios.
Por ley, los magistrados pueden jubilarse a partir de los 60 años pero no están obligados a hacerlo sino hasta que lo consideren personalmente. Esto, por la inamovilidad del cargo de magistrado, excepto casos de enfermedad o inconducta que pueden llevarlos al juicio de destitución.