Tal vez en la práctica no cambie mucho porque la condena a prisión perpetua en el juicio a los jueces está firme. Pero en los papeles uno de los magistrados cómplices de la última dictadura militar, Otilio Romano, volvió a recibir la misma pena por un hecho en que había quedado absuelto.

En julio de 2017, en un fallo histórico, el ex magistrado había sido condenado a prisión perpetua como cómplice civil de los delitos cometidos durante la última dictadura militar. En la mayoría de las acusaciones fue encontrado culpable y por eso recibió la máxima penal del Código Penal. Pero en un hecho terminó absuelto.

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Esa sentencia fue apelada por la defensa pero distintos tribunales -hasta la Corte nacional- confirmó la condena de lesa humanidad. Pero la Fiscalía y la querella también pidieron que se revise la absolución. La Cámara de Casación Penal les dio la derecha a la parte acusatoria, anuló las "inocencia" y volvió a bajar el expediente al Tribunal de primera instancia.

Después del mediodía de este viernes, los magistrados Alberto Carelli, Daniel Doffo y Gretel Diamante decidieron por unanimidad condenarlo a prisión perpetua como partícipe necesario de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.

Otilio Romano entonces es culpable de omitir investigar los ataques contra Ezequiel Ander Egg y Norma Zamboni. Este matrimonio fue atacado en 1975, primero cuando intentaron secuestrar al hombre y días después cuando colocaron una bomba en la cochera de su casa. Por este hecho fueron absueltos en el primer juicio Romano, Carrizo y Luis Miret -el cuarto juez juzgado y condenado que falleció dos meses después de ser condenado-.

Lesa humanidad

Romano, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret -hoy fallecido- eran jueces federal durante la última dictadura. En un juicio histórico a nivel mundial -sólo tenía un antecedente similar en Alemania-, fueron encontrados culpables como partícipes primarios de diversos delitos de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Para la Justicia, los exmagistrados prestaron una colaboración esencial y necesaria al no investigar las reiteradas denuncias por desapariciones y secuestros que se realizaron por aquellos años.