Este viernes fue un día importante en lo que refiere a la lucha contra delitos cometidos durante la última dictadura militar. No solamente se confirmó la primera sentencia contra exjueces cómplices del terrorismo de Estado -segundo antecedente a nivel mundial-, sino que también se volverán a abrir investigaciones.
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Pese a que intentaron rebatirla, quedó firme la prisión perpetua contra Otilio Roque Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, quienes eran jueces federales durante el gobierno de facto y omitieron investigar los secuestros y desapariciones de personas.
Si bien existe una instancia de presentar algún recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal haya sido unánime hace pensar que será difícil revertir la histórica condena.
El abogado querellante, Pablo Salinas, detalló la importancia de esta instancia: "Estamos hablando de una condena del máximo tribunal penal de Argentina contra el aparato judicial cómplice de la dictadura. Algo que tiene un sólo antecedente y fue en los juicios contra los jueces nazis de Núremberg".
Otra vez, acusados
Pero la condena contra los exmagistrados -los tres están con prisión domiciliaria por temas de salud- no fue lo único que decidió la Cámara, sino también revocó la absolución por dos hechos.
Romano y Carrizo volverán a estar bajo la lupa por omitir investigar los ataques contra Ezequiel Ander Egg y Norma Zamboni. Este matrimonio fue atacado en 1975, primero cuando intentaron secuestrar al hombre y días después cuando colocaron una bomba en la cochera de su casa.
Por este hecho fueron absueltos Romano, Carrizo y Luis Miret -el cuarto juez juzgado y condenado que falleció dos meses después de ser condenado-, pero ahora se revocó esa decisión y existe la posibilidad de que vuelvan a ser juzgados por ese hecho.
La misma situación ocurrió contra los ex policías de la Comisaría 16 Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo y Miguel Ángel Ponce, quienes había sido absueltos por el beneficio de la duda pero ahora volverán a estar bajo la lupa de la Justicia Federal.