Investigación criminal

El juez Martearena quedó contra las cuerdas por un fallo de la Corte sobre celulares y privacidad

El juez Eduardo Martearena fue denunciado en el Jury de Enjuiciamiento por el diputado Enrique Thomas porque anuló pruebas extraídas de teléfonos celulares contra una banda de asaltantes que lo atacó. La Corte avaló esa práctica de obtención de medios de prueba en un polémico fallo y dejó sin efecto la decisión del magistrado

El pedido de Jury de Enjuiciamiento del diputado Enrique Thomas al juez Eduardo Martearena está directamente relacionado con una pesquisa criminal que motivó la intervención del pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre un tema polémico: la extracción de datos de teléfonos celulares como prueba para detener a una banda de asaltantes.

El 23 de marzo último, el pleno de la Suprema Corte aceptó en fallo dividido -4 a 3- el planteo del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de Martearena fechada en noviembre de 2022, de anular las pruebas contra los asaltantes que se recogieron tras la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante una serie de allanamientos.

Por esto, la causa judicial contra seis hombres volvió a la Fiscalía de Robos y Hurtos y sigue su curso hacia el juicio oral y público por varios asaltos en banda. Thomas y su familia fueron víctimas, en 2020, de esas personas que están detenidas e imputadas.

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Martearena en el Jury de Enjuiciamiento

Thomas anunció a través de Twitter el pedido de Jury al juez Martearena. Ese planteo ingresó a la oficina del Jury de Enjuiciamiento el jueves al mediodía y en breve será analizado por la presidencia, que determinará si hay méritos suficientes para ser tratado o descartado.

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Durante la investigación inicial, la Justicia de Garantías autorizó la apertura de los celulares de los detenidos para que la Fiscalía de Robos y Hurtos profundice la búsqueda de información sobre los sospechosos y su posible vinculación con los atracos, incluido el que sufrieron Thomas y su hija.

Los planteos

Al momento de la audiencia preliminar, previa al juicio, la defensa de uno de los imputados presentó un planteo de nulidad de las pruebas recolectadas tras la apertura de los celulares, y en noviembre de 2022 Martearena hizo lugar bajo el argumento de que los fiscales no habían argumentado debidamente los motivos por los cuales debían abrir los celulares para acceder al contenido.

Así, la pesquisa estaba prácticamente caída por lo que el Ministerio Público Fiscal apeló en Casación ante la Sala Segunda de la Corte, que llamó a un pleno de magistrados, donde los 7 supremos debieron pronunciarse.

La discusión jurídica abarcó diversos tópicos: la geolocalización de celulares a través de las antenas de las compañías prestadoras del servicio de telefonía y el derecho a la privacidad de los propietarios de esos aparatos.

El fallo preopinante estuvo a cargo de la jueza María Teresa Day. Adhirieron sus colegas Pedro Llorente, José Valerio y Dalmiro Garay.

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Teresa Day, jueza de la Suprema Corte.

Teresa Day, jueza de la Suprema Corte.

Finalmente, la Corte rechazó la nulidad pedida por los abogados de los imputados y confirmó la actuación de los fiscales; también anuló la audiencia donde Martearena dejó sin efecto lo actuado por los fiscales y confirmó la prisión preventiva de los imputados.

Ordenó, además, que se celebre otra audiencia y que siga el derrotero judicial rumbo al debate.

La decisión del juez Martearena fue respaldada por los supremos Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo.

Otra vez el juez Eduardo Martearena

El juez penal colegiado Eduardo Martearena vuelve a estar en el centro de la escena de la política judicial.

En 2019 fue cuestionado por no aplicar la pena de prisión perpetua a quienes un jurado popular declaró culpables de homicidio en perjuicio de un cuidacoches. En 2021, la Suprema Corte confirmó que la pena de prisión perpetua es aplicable a los condenados por el delito de homicidio.

A comienzos del 2000, Martearena -por entonces juez de instrucción- mantuvo preso por unas horas al entonces ministro Alejandro Gallego, durante la gobernación de Roberto Iglesias, que había dispuesto el recorte de los sueldos estatales.

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