Crimen en San Rafael

El Gobierno deberá pagarle $12 millones a la familia de Paula Toledo por la impunidad del caso

La Justicia Civil condenó al Ejecutivo provincial a indemnizar a la madre y dos hermanos de la joven asesinada en 2003. Destacaron las irregularidades en la investigación que, a 19 años, no ha podido condenar a los autores del hecho

El crimen en San Rafael de Paula Toledo, la joven de 19 años que fue violada por un grupo de hombres y asesinada en octubre de 2003, es recordado como una de las investigaciones más irregulares en las últimas décadas. La pésima manipulación que se realizó de evidencias claves, como el cadáver o los rastros en el lugar del hecho, quedó ejemplificada no sólo con la impunidad respecto a los autores de la violación y el femicidio, sino ahora también con un fallo civil que condenó al Gobierno provincial a indemnizar a la familiar de la joven asesinada.

El Tribunal de Gestión Judicial Asociada 1, de la Segunda Circunscripción, condenó este lunes al Ejecutivo provincial a pagar un resarcimiento de $12 millones -más intereses- para la madre y dos hermanos de la víctima fatal.

Justamente ellos -más otro hermano que no será indemnizado por no convivir con Paula Toledo- habían iniciado una demanda reclamando $18.300.000 debido a las "malas actuaciones de la Policía y de la Justicia por dilaciones en la causa". La investigación ha tenido tres juicios durante estas décadas, logrando sólo la condena de Marcos Graín como entregador de la víctima. Técnicamente, los autores de la violación y el femicidio quedaron impunes.

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Marcos Graín fue condenado como el entregador de Paula Toledo.

Marcos Graín fue condenado como el entregador de Paula Toledo.

Los familiares de Paula Toledo se basaron en "la pérdida y destrucción de pruebas" por parte de la Policía, comparando el hecho con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Desde el Estado, a través del abogado Ricardo Caro, negaron la demanda asegurando no haber sido "cómplices ni encubridores" del femicidio. Por el contrario, plantearon que siempre se "intentó llegar a la verdad" y que las demoras se deben a "la complejidad de la causa" y que "los imputados han retrasado la solución definitiva".

La Justicia Civil resolvió hacer lugar a la demanda, aunque en un monto menor ya que "luego del transcurso de 19 años no se ha acreditado quién o quiénes causaron la violación y muerte de Paula Toledo".

En el fallo, se destacaron diversidad irregularidades en la pesquisa como "la entrega de ropa de Paula, las deficiencias de la labor del Cuerpo Médico Forense, las de las medidas adoptadas por la policía, que debieron haber sido dirigidas por las instrucciones del Poder Judicial".

Esta decisión judicial es la segunda contra el Gobierno provincial que ocurre en los últimos días. A fines de julio, otra jueza condenó a la Provincia a pagar un monto similar a la familia de Florencia Romano, la menor de 14 años asesinada en Maipú a fines de 2020.

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Crimen en San Rafael

En la mañana del 31 de octubre de 2003, Paula Toledo fue hallada sin vida en la localidad de El Sosneado. Estaba semidesnuda y su rostro estaba desfigurado. La autopsia determinó que había sido violada vaginal y analmente. Tenía signos de asfixia y quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo. Minutos antes se había reunido con su pareja, Marcos Graín, y un grupo de jóvenes en una casa abandonada donde solían juntarse a "tomar vino y fumar marihuana", según reconstruyó la acusación fiscal.

La investigación apunto rápidamente contra Marcos Graín, quien tenía 19 años, y otros menores de edad. Sin embargo, llegaron en libertad al primer juicio que se realizó en 2006, donde Iván Gauna y los hermanos Víctor y Alejandro Echegaray terminaron absueltos por el beneficio de la duda.

Marcos Graín, que estaba prófugo al momento de ese debate, fue juzgado por el crimen en San Rafael en un segundo juicio a mediados de 2010 donde tampoco lo encontraron culpable.

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Ambos debates fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia, básicamente por la pésima investigación que los antecedió. Los forenses jamás cotejaron las manchas de sangre que se hallaron en el lugar de hecho con la de los acusados. Tampoco lo hicieron con colillas de cigarrillos y con las prendas de ropa de la víctima. Ni siquiera se buscaron rastros de fluidos en el cuerpo de Paula Toledo -de hecho el cadáver fue lavado-.

Como habían pasado más de 17 años del hecho de sangre, la acusación por el crimen en San Rafael prescribió para todos los sospechosos menos para Graín, quien volvió a ser juzgado en febrero de 2021 y lo condenaron a 11 años de prisión por ser el entregador de la joven.

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