fiscal federal Fernando Alcaraz.jpg
El fiscal federal Fernando Alcaraz, el nuevo investigador del caso Guardati.
En la misma resolución, el máximo tribunal federal de Cuyo declaró al caso delito de lesa humanidad y por ello imprescriptible a pesar del paso del tiempo, al igual que los crímenes durante la dictadura militar.
Por esto, sobre los responsables de la desaparición de Paulo Cristian Guardati, en caso de ser encontrados, no habrá impedimiento para que sean detenidos, imputados, procesados y llevados a juicio oral y público, aunque hayan pasado casi tres décadas de impunidad.
Qué se hizo en 4 meses
Tras la resolución que apartó a la Fiscalía de Homicidios del caso Guardati, la fiscal Claudia Ríos -de una larga serie de magistrados provinciales que tuvo en sus manos la pesquisa- envió el expediente al despacho de Alcaraz.
Primera derivación a tener en cuenta: los empleados recibieron la orden de escanear y digitalizar las más de 5.000 hojas que componen los 24 cuerpos del expediente iniciado en 1992 con las primeras actuaciones en una comisaría de Godoy Cruz, donde Lavizzari denunció la desaparición del hijo.
El proceso, indispensable porque la Justicia Federal ya dejó de trabajar con soporte papel, se desarrolla a razón de 200 a 300 hojas por turno y está muy avanzado. También se hace para conservar en el mejor estado posible toda la documentación original que se va guardando en caja de seguridad a medida que se completa el escaneo.
El expediente incluye desde la denuncia de la madre de Guardati hasta las últimas actuaciones de la fiscal Ríos -tuvo el caso en sus manos casi diez años- pasando por los resultados de más de media docena de excavaciones en el cementerio de Capital y de los exámenes de ADN -todos negativos-, luego del trabajo de los profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense en tumbas sin nombre.
GUARDATI 2020_12.jpg
Una de las tantas exvacaciones en el cementerio de Capital en busca de Guardati.
Contiene, además, declaraciones de testigos y las indagatorias de los sospechosos, varios de los cuales -policías en su mayoría- estuvieron a punto de ser llevados a juicio hasta que los tribunales de alzada los desvincularon parcial y/o totalmente hasta que la causa quedó en punto muerto.
También hay fotos y croquis ilustrativos referidos a espacios geográficos peritados, como el destacamento de La Estanzuela y las inmediaciones de la escuela Atilio Anastasi, donde Guardati estuvo a la salida de un baile para recaudar fondos.
Otra pieza importante que forma parte del expediente esel informe de la comisión de abogados ad hoc que investigaron el caso y concluyeron que Guardati desapareció a manos de integrantes de la Policía de Mendoza.
Esta opinión -no vinculante- tuvo importancia clave a través del tiempo.
En 1997 sirvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado de Mendoza bajo el argumento de que la desaparición del muchacho ocurrió a manos de una fuerza de seguridad pública.
En 2021 cimentó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que, a pedido del abogado Carlos Varela Alvarez, tomó como referencia la condena internacional para declarar incompetente a la Justicia Provincial y declarar al caso Guardati como delito de lesa humanidad.
imagen.png
El abogado Carlos Varela Álvarez patrocina a la madre de Guardati.
Organismos públicos que intervienen
La Fiscalía de Instrucción número 2, a cargo de Alcaraz, y el Juzgado Federal número 3, encabezado por el juez Marcelo Garnica, tienen a cargo la causa desde lo investigativo y de contralor respectivamente en nombre de la Justicia Federal de Mendoza.
También intervienen la DOVIC (Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas) y la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional).
La DOVIC garantiza abordaje y contención a las víctimas de delitos y sus familiares para evitar la vulnerabilidad. Colabora con el sistema judicial. La madre de Guardati está en primera fila para los profesionales de este organismo: el objetivo es no revictimizarla cada vez que se reúna con la Justicia para hablar del caso de su hijo y a medida que se reactive la pesquisa.
La Procuvin trabaja en casos de violencia institucional. Tiene a su cargo, según la resolución originaria de 2013, "darles impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad".
