El fiscal federal Fernando Alcaraz reabrió la investigación judicial por la desaparición de Paulo Cristian Guardati, ocurrida hace casi 30 años en Godoy Cruz, y se dispone a llamar a una veintena de testigos de aquella época en busca de pistas que ayuden a dar con los responsables.
Desapareció en democracia
El fiscal federal Fernando Alcaraz reactivó la pesquisa del caso Guardati y llamará a testigos
Hilda Lavizzari, madre del muchacho desaparecido en 1992, y otros testigos serán convocados a dar su versión. El caso Guardati es considerado delito de lesa humanidad, imprescriptible a través del tiempo
Paulo Cristian Guardati desapareció en Mendoza en 1992.
Una de las primeras personas citadas será Hilda Lavizzari, la madre del muchacho de 21 años que fue visto por última vez durante la madrugada del 24 de mayo de 1992, entrando a la subcomisaría del barrio La Estanzuela.
Emblemático en cuanto a desaparición de personas en democracia en Mendoza, el caso Guardati se reactivó en la Justicia Federal como consecuencia de que, a fines de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones declaró la incompetencia de la Justicia Provincial y ordenó que se haga cargo la fiscalía de Alcaraz.
En la misma resolución, el máximo tribunal federal de Cuyo declaró al caso delito de lesa humanidad y por ello imprescriptible a pesar del paso del tiempo, al igual que los crímenes durante la dictadura militar.
Por esto, sobre los responsables de la desaparición de Paulo Cristian Guardati, en caso de ser encontrados, no habrá impedimiento para que sean detenidos, imputados, procesados y llevados a juicio oral y público, aunque hayan pasado casi tres décadas de impunidad.
Qué se hizo en 4 meses
Tras la resolución que apartó a la Fiscalía de Homicidios del caso Guardati, la fiscal Claudia Ríos -de una larga serie de magistrados provinciales que tuvo en sus manos la pesquisa- envió el expediente al despacho de Alcaraz.
Primera derivación a tener en cuenta: los empleados recibieron la orden de escanear y digitalizar las más de 5.000 hojas que componen los 24 cuerpos del expediente iniciado en 1992 con las primeras actuaciones en una comisaría de Godoy Cruz, donde Lavizzari denunció la desaparición del hijo.
El proceso, indispensable porque la Justicia Federal ya dejó de trabajar con soporte papel, se desarrolla a razón de 200 a 300 hojas por turno y está muy avanzado. También se hace para conservar en el mejor estado posible toda la documentación original que se va guardando en caja de seguridad a medida que se completa el escaneo.
El expediente incluye desde la denuncia de la madre de Guardati hasta las últimas actuaciones de la fiscal Ríos -tuvo el caso en sus manos casi diez años- pasando por los resultados de más de media docena de excavaciones en el cementerio de Capital y de los exámenes de ADN -todos negativos-, luego del trabajo de los profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense en tumbas sin nombre.
Contiene, además, declaraciones de testigos y las indagatorias de los sospechosos, varios de los cuales -policías en su mayoría- estuvieron a punto de ser llevados a juicio hasta que los tribunales de alzada los desvincularon parcial y/o totalmente hasta que la causa quedó en punto muerto.
También hay fotos y croquis ilustrativos referidos a espacios geográficos peritados, como el destacamento de La Estanzuela y las inmediaciones de la escuela Atilio Anastasi, donde Guardati estuvo a la salida de un baile para recaudar fondos.
Esta opinión -no vinculante- tuvo importancia clave a través del tiempo.
En 1997 sirvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado de Mendoza bajo el argumento de que la desaparición del muchacho ocurrió a manos de una fuerza de seguridad pública.
En 2021 cimentó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que, a pedido del abogado Carlos Varela Alvarez, tomó como referencia la condena internacional para declarar incompetente a la Justicia Provincial y declarar al caso Guardati como delito de lesa humanidad.
Organismos públicos que intervienen
La Fiscalía de Instrucción número 2, a cargo de Alcaraz, y el Juzgado Federal número 3, encabezado por el juez Marcelo Garnica, tienen a cargo la causa desde lo investigativo y de contralor respectivamente en nombre de la Justicia Federal de Mendoza.
También intervienen la DOVIC (Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas) y la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional).
La DOVIC garantiza abordaje y contención a las víctimas de delitos y sus familiares para evitar la vulnerabilidad. Colabora con el sistema judicial. La madre de Guardati está en primera fila para los profesionales de este organismo: el objetivo es no revictimizarla cada vez que se reúna con la Justicia para hablar del caso de su hijo y a medida que se reactive la pesquisa.
La Procuvin trabaja en casos de violencia institucional. Tiene a su cargo, según la resolución originaria de 2013, "darles impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad".