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El juez federal Alejandro Piña, quien investigó el caso Guardati en los `90.
En 1997, la Corte Interamericana condenó a Mendoza a indemnizar a Lavizzari por la desaparición forzosa del hijo. La base fue el informe de la comisión ad hoc que integraron Piña, Alejandro Poquet, Eduardo Orozco (quien fuera director de la cárcel y hoy es juez provincial), el cordobés Luis Marcó del Pont y el representante de la Cancillería, Jorge Cardozo.
Piña habla con Diario UNO desde su despacho en el primer piso de los tribunales federales de Mendoza y evoca que esa pesquisa fue independiente de la que estaba a cargo de la Justicia con la colaboración de la Policía de Mendoza. Fue un mes a todo vapor: recepción de testimonios y de otras pruebas que concluyeron que Guardati desapareció a manos de policías la madrugada del 24 de mayo de 1992 a la salida de un baile en la escuela Atilio Anastasi.
-¿Qué opina de las derivaciones del informe del caso Guardati, como la condena al Estado de Mendoza hacia fines de los '90 y que ahora haya motivado la declaración de crimen de lesa humanidad como los crímenes de la dictadura?
-En esa época no estaba tan asentada aquella figura de la desaparición forzosa de personas a manos de las fuerzas de seguridad en democracia. Parecía novedoso. Hoy está aceitado y avalado incluso por fallos de la Corte. Hubo componente estatal y casos de personas que no fueron vistas nunca más.
-¿Qué representaba la madre de Guardati en ese contexto?
-Jamás hablé con la señora pero era una persona totalmente decidida y determinada, que no buscaba conseguir dinero, como alguna vez se mal dijo. Ella descansaría el día en que sepa qué pasó con su hijo. Ponerle fin a la historia, bueno o malo pero cierre al fin: ése es el sentimiento común entre las personas que han perdido familiares en esas condiciones.
-Teniendo en cuenta que el muchacho nunca fue hallado ¿triunfó el pacto de silencio?
-Para mí, este caso no está terminado. Confío en que, como en otras historias de similares características, la verdad se terminará sabiendo. Porque se sabe y no lo sabe sólo una persona sino varias. No es éste el caso de un asesino solitario que quizá se lleva el secreto cuando muere y sin habérselo dicho a alguien. Pero como en el caso de Guardati o de Garrido y Baigorria (desaparecidos en Mendoza en Mendoza en 1990) como intervino una corporación, la verdad la sabe más de una persona. El que intervino sabe qué hizo; a veces aparecen problemas entre los miembros de esa corporación ya sea porque alguno quiere algo o porque se siente defraudado. La gente, al final, habla.
-¿Qué tanto avanzó la comisión ad hoc sobre la verdad?
Hubo momentos en los cuales dimos en el palo: una vez que nos llamó alguien que ofrecía información, para decirnos que Guardati estaba en Chile, y seguramente dijo Chile porque en Chile no podíamos investigar. A alguien le picó lo que hacíamos los abogados de la comisión ad hoc y por eso reaccionó con esa contrainteligencia.
-¿Cómo trabajaron?
El trabajo de la comisión se sustentó en tomar testimonios y acceder a documentación policial incorporada a la investigación penal.
-¿Tuvieron apoyo?
Sí, la colaboración importantísima de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que nos facilitó las oficinas de dos futuros juzgados de instrucción que iban a funcionar en el subsuelo de los tribunales. Nos aportaron personal y recursos técnicos, como impresoras.
-¿Y el Gobierno? Arturo Lafalla estaba al frente...
-También fue muy valiosa la decisión del Ministerio de Gobierno, por entonces a cargo de la Policía, que se puso al hombro la situación (sus propios subordinados estaban bajo sospecha) Esa comisión ad hoc también se ocupó de investigar otras dos desapariciones de personas: Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, quienes fueron vistos por última vez en un control policial en el Parque San Martín en 1990 cuando Mendoza era gobernada por José Octavio Bordón.
La comisión ad hoc estuvo integrada por los abogados mendocinos Alejandro Poquet, Alejandro Piña y Eduardo Orozco y sus pares Marcó del Pont, de Córdoba, y Cardozo, en nombre de la Cancillería Argentina
-¿Cómo se comportaba la Policía teniendo en cuenta que parte de su personal estaba en la mira de acuerdo a los testimonios recogidos por la Justicia y ustedes?
-Era muy remisa con esta pesquisa nuestra. No estaban cómodos y no entendían lo que hacíamos. Por eso fue importante que Roberto Godoy Lemos, el funcionario de Gobierno, bajara la orden de que debían colaborar. Así, los policías vinieron a declarar y la documentación policial, como los libros de novedades de las comisarías, quedaron a nuestra disposición y pudimos verlos y analizar la información. Idéntica colaboración del Servicio Penitenciario cuando tomamos otros testimonios.
-¿Qué los llevó a crear la comisión ytrabajar sobre las desapariciones de Guardati, Garrido y Baigorria?
-Nos parecía muy importante y en Mendoza estábamos transitando un momento clave ya que estábamos superando los resabios de autoritarismo en la Policía.
Hasta que en 1999 se produjeron la huelga y la reforma policial y la creación del Ministerio de Seguridad, las líneas internas de la Policía estaban emparentadas con la línea dura de la época de (el vicecomodoro Julio César) Santuccione, a cargo de la Policía.
-¿Qué detectaron ustedes?
-En los mandos había personas que habían sido ayudantes en la época de los '70.
-¿Sufrieron amenazas o intimidaciones durante el trabajo?
-Yo, en particular, no. Los demás integrantes de la comisión, por lo que sé, tampoco. Nunca se comentó nada.
-¿Había en Mendoza antecedentes de una comisión investigadora de este tipo de delitos?
Fue la primera vez. Hicimos camino al andar. Más adelante, en otros casos, se replicó el modelo. En el salón de actos del Poder Judicial hicimos una audiencia durante la cual presentamos el informe de la comisión ad hoc y entregamos una copia a la Justicia y al Ministerio de Gobierno y ahí nos despedimos.
