Una vez más, Gil Pereg (36) fue trasladado este viernes al edificio del Poder Judicial para una audiencia que defina su situación. En este caso, la defensa insistió con que el acusado de matar a las turistas israelíes debe estar alojado en un hospital neurospsiquiátrico y no en el penal. Y pidió que sea tratado como un discapacitado.
El abogado defensor Maximiliano Legrand se basó en un informe psiquiátrico que se realizó en el complejo San Felipe donde aseguraron que el imputado delira y sufre alucinaciones. Es por esto que pidió que sea tratado bajo la Convención de Discapacidad.
"Si la penitenciaría de Mendoza no está preparada para personas no enfermas, tampoco lo estará para los enfermos", dijo en referencia a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto nuevamente la lupa en las cárceles provinciales.
También dijo que la pericia psiquiátrica que defina si Gil Pereg es imputable o no todavía no está lista por demoras de la Fiscalía, por lo que hay que inclinarse por la integridad del imputado.
En contraparte, el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, alegó que las demoras son justamente por los constantes planteos de los abogados del israelí. "Lo que ha dilatado la situación son los artilugios de la defensa", argumentó.
Además expuso que el juez en primera instancia constató que el detenido estaba bien resguardado -lo han atendido más de 100 veces-.
"Los delirios pueden disimularse con facilidad. Pereg hace gran cantidad de llamados y recibe visitas con sus defensores. No sabemos si tiene una discapacidad pero por su accionar parece que no", agregó.
El magistrado finalmente concluyó que "no existe ningún indicio para pensar que la situación de detención es ilegal".
El juez Jorge Coussirat decidió interponer un cuarto intermedio "debido a la complejidad de la causa" para resolver la situación en los próximos días.
Maltrato animal
En la jornada del jueves dos personas se constituyeron como querellantes en la causa que investiga a Gil Pereg por maltratar a los gatos y perros que vivían con él.
Se trata de Adriana Benítez, quien fue la que radicó la denuncia, y el abogado Oscar Mellado, representante de Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva). Este último le solicitó a la fiscal Claudia Ríos los animales para poder darlos en adopción.