La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, firmó un convenio con los Ministerios de Seguridad y el de Gobierno de Mendoza para fortalecer la comunicación entre los organismos del estado.
La idea es lograr una sinergia entre las partes en todo lo relativo a documentación de personas privadas de su libertad, que hayan recuperado su libertad sin cumplimiento de condena o con cumplimiento reciente de la misma.
Esto se instrumentaría a través de un manual que ya se encuentra elaborado y que fue llevado adelante por el Registro Civil y Capacidad de las Personas, el Servicio Penitenciario Provincial y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
“Estos acuerdos son muy importantes para garantizar el acceso a la justicia, reducir la marginalidad, haciendo que las personas privadas de su libertad se incorporen a la vida activa de una sociedad” “Estos acuerdos son muy importantes para garantizar el acceso a la justicia, reducir la marginalidad, haciendo que las personas privadas de su libertad se incorporen a la vida activa de una sociedad”
Jorge Nanclares, presidente del Suprema Corte
Nanclares especificó que esto “es otra muestra de que cuando se combinan actividades entre los diferentes poderes del estado se logran objetivos conjuntos. Lo importante es que lo firmado hoy ya se encuentra coordinado y en funcionamiento”.
“Esto es el símbolo del trabajo en conjunto entre los organismos del Estado, habla de una provincia más ordenada y que se encamina en el trabajo de una agenda común que hacen a la estructura de la ciudadanía, en este caso a las personas privadas de su libertad”. “Esto es el símbolo del trabajo en conjunto entre los organismos del Estado, habla de una provincia más ordenada y que se encamina en el trabajo de una agenda común que hacen a la estructura de la ciudadanía, en este caso a las personas privadas de su libertad”.
Gianni Venier, ministro de Seguridad
Por su parte, el ministro Lisandro Nieri destacó: “Todos las personas privadas de la libertad ahora tienen los caminos administrativos para lograr, en caso que no la tengan, su partida de nacimiento, su partida de defunción (en caso que fallezcan dentro del penal o en el hospital al cual se los deriva), los reconocimientos de hijos, cambios de género, certificados de supervivencia y los DNI. Para ello se ha inaugurado una oficina de Registro Civil dentro del Penal del Boulogne Sur Mer y ya se han realizado 270 trámites con este procedimiento”.
Finalmente el ministro de la Corte Dalmiro Garay subrayó que “este convenio lo que hace es seguir la línea que se ha marcado sobre el trabajo mancomunado los distintos poderes del Estado. Se está regularizando el CDR que trabaja en el Servicio Penitenciario y con eso la Corte le agrega, con la Dirección de Derechos Humanos y de acceso a la Justicia, la posibilidad de representar y asesorar a los internos que necesiten, tanto para ellos como para su familia, acceder a procesos de filiación y Registro Civil en aquellos casos en los que no se judicializa directamente. Esto ayudará al reconocimiento de las personas y su núcleo familiar y aportará así a la identidad de los ciudadanos.
El acuerdo garantiza:
- El derecho a la identidad, mediante la inscripción de nacimiento y el acceso a la documentación personal.
- Facilitar el acceso a la Justicia de las personas privadas de libertad cuando se requiera de una instancia jurídica para el efectivo ejercicio del derecho a la identidad, por ejemplo, tramitar la inscripción de nacimiento judicial.
- Fortalecer la comunicación entre las partes en todo lo relativo a documentación personal de internos penitenciarios y personas que hayan recuperado su libertad sin el cumplimiento de condena o con cumplimiento reciente de la misma.
