Tribunales

El clan Lobos está cada vez más acorralado por la Justicia

Dos testigos más complicaron este miércoles a Luis Lobos y la esposa, Claudia Sgró, acusados de fraude a la Municipalidad de Guaymallén por quedarse con dinero de sueldos de empleados truchos. Fue durante la segunda jornada del juicio oral y público, que pasó a cuarto intermedio hasta el lunes.

A primera hora, Sergio Montano, perito calígrafo del Cuerpo Médico Forense, fue concluyente: las firmas que aparecen en decretos de nombramiento de personal pertenecen al imputado Lobos.

Treinta y ocho años de experiencia y más de 5.000 peritajes anuales respaldaron la aseveración del profesional, pero también la seguridad con que lo manifestó al tribunal integrado por Jorge Luis Del Pópolo, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Aníbal Crivelli.

Después fue el turno de Evelyn Pérez, concejal de la UCR y presidenta del Concejo Deliberante desde diciembre de 2015. La testigo explicó que la situación irregular de Laura Fara y su hijo, Pablo Muller -quienes denunciaron el fraude en la justicia penal- fue detectada durante una auditoría de personal iniciada a poco del comienzo de la gestión de Marcelino Iglesias, el 10 de diciembre de ese año.

"Los auditores descubrieron, por ejemplo, que la señora Fara figuraba como empleada municipal y que se le pagaba el sueldo desde 2011: mucho antes de que fuera nombrada en noviembre de 2015. Cuando ella se enteró se asustó mucho porque temió perder el trabajo" "Los auditores descubrieron, por ejemplo, que la señora Fara figuraba como empleada municipal y que se le pagaba el sueldo desde 2011: mucho antes de que fuera nombrada en noviembre de 2015. Cuando ella se enteró se asustó mucho porque temió perder el trabajo"

Evelyn Pérez, presidenta del Concejo de Guaymallén

Pérez explicó el funcionamiento del mecanismo de designación de personal en el Ejecutivo municipal, y precisó que para, finalmente, nombrar empleados, debía contar con el presupuesto aprobado por el Concejo.

Luego dijo que Fara fue a verla al Concejo y le explicó que "en noviembre (de 2015) la señora Claudia Sgró me avisó que mi hijo y yo habíamos sido nombrados como empleados municipales". Y que hasta entonces ella recibía una ayuda económica de manos de "la señora María Elena Fernández (madre de Sgró y suegra de Lobos), quien la había tramitado".

Lo que viene

Terminó por esta semana el juicio a Lobos y señora. Se reanudará el lunes con la declaración de cuatro testigos y será suspendido hasta una fecha a determinar porque los abogados de los acusados participarán de otro debate, en representación de otros clientes, en la Justicia Federal.

Balance

Decididamente mal le fue al matrimonio Lobos-Sgró en este primer tramo del debate, que comenzó el lunes.

Primero: no lograron suspender el juicio, que era el objetivo de máxima en la audiencia inicial valiéndose de la imposibilidad de sentarse en el banquillo de la suegra del ex intendente por razones de salud. Ni ella ni nadie, fue la estrategia. Ella no será juzgada en esta oportunidad; ustedes sí, decidió el tribunal.

Segundo: los denunciantes Laura Fara y su hijo Pablo Muller reafirmaron la acusación presentada en la Justicia, disparando la investigación. Remarcaron que Fernández les consiguió ayuda económica que ella misma les entregaba en mano y que para cobrarla, en su primera etapa, debieron pasar por un circuito que incluyó la Tesorería municipal. También dijeron haber tratado, al menos la mujer lo explicitó, con la esposa de Lobos.

Tercero: Lobos intentó despegarse diciendo que no conoce a los denunciantes y dando a entender que no hubiera hecho nada por ellos. Sin embargo, el perito calígrafo que declaró este miércoles aseguró que una serie de documentos peritados -especialmente los que vinculan a Fara y Muller con el municipio con designaciones y ascensos- habían sido firmados por Lobos.

Cuarto: la radical Pérez volvió a poner a Sgró en el centro de la escena. Relató que Fara le dijo que trabajaba con ella en el área de Turismo y que le pidió ser trasladada porque estaba asustada por la auditoría y la posibilidad de ser despedida.

Rarezas

Casi monástica es la conducta de la mayoría de quienes están acusados en un juicio criminal. Muchos, por desconocimiento; otros, porque saben que en esa sala de audiencias se está definiendo el resto de sus vidas y que lo mejor es el silencio para no incomodar a los que cortan el bacalao: los togados. Pero hay excepciones. Y una de esas excepciones se llama Luis Lobos.

El lunes, haciendo uso del derecho que le otorga la ley, eligió no declarar cuando el tribunal le ofreció esa chance. Sin embargo, al rato pidió la palabra a los jueces "no para declarar -aclaró- sino para hacer algunas aclaraciones". Lo hizo dos veces en una hora. Primera rareza porque en los juicios penales los acusados no suelen hacer "aclaraciones": declaran como acusados o no declaran.

Este miércoles Lobos le hizo dos preguntas a la testigo Evelyn Pérez. No en forma directa sino a través de su abogado, a quien convocó desde el sector trasero de la sala y le dictó qué debía interrogar: si Pérez tiene asesores en el Concejo. Rareza número dos porque los imputados habitualmente no hacen preguntas, y mucho menos a los testigos que pueden complicarlos. Pero Lobos, claro está, ha roto el molde.

 

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