La pandemia de coronavirus y sus consecuencias sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero sobre todo la complejidad del expediente determinan que el segundo mega debate por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Luján comience el año próximo y no a fines de este 2020, como pretendían las autoridades. Se conoce como el caso Próvolo II.

Primero el mes de julio, más tarde septiembre y finalmente noviembre habían sido señalados como puntos de partida del debate oral y no público (por tratarse de un delito privado) que tendrá como acusadas a nueve mujeres, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.

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Incluso el tribunal de sentencia llegó a conformarse con los jueces penalistas Horacio Cadile, Gabriela Urciuolo y Rafael Escot y el sistema judicial reservó en su calendario de audiencias al menos dos periodos de veintiún días durante los cuales iban a ocuparse exclusivamente del segundo megajuicio por los abusos en el Próvolo. Sin embargo, tamaña previsión no fue suficiente y el proceso pasará para el año 2021.

No solo porque la pandemia trastocó seriamente el funcionamiento de la Justicia, obligando a reprogramar actos procesales de las más diversas causas judiciales en trámite. Sino porque este expediente es mucho más difícil y trabajoso de cerrar para mandarlo a debate en comparación que el del primer megajuicio, de cuya histórica sentencia condenatoria a dos curas y un civil acaba de cumplirse un año.

Hay una razón fundacional, clave: la gran cantidad de imputados. Son nueve (en el primer debate hubo tres) y por cada una de ellas los abogados defensores han presentado, durante la instrucción del expediente, una gran cantidad de recursos destinados a ejercer el derecho de defensa. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada uno de esos planteos debió ser resuelto, lo que detuvo parcial y periódicamente la marcha de los plazos hasta que hubo resoluciones. Algo así como pequeñas sentencias.

De acuerdo a las reformas judiciales vigentes, el objetivo, no solo en este proceso penal sino en todos, es llegar al debate oral con los puntos a juzgar bien determinados. Para que el megajuicio no termine enmarañándose como consecuencia de nuevas nulidades y otro tipo de presentaciones y reclamos que lo empujen al naufragio en pleno desarrollo.

De hecho, durante los últimos tres meses se han desarrollado muchas audiencias destinadas a resolver algunas cuestiones y despejar de asuntos inútiles la cuestión a resolver. Quitar la hojarasca. Y este minucioso trabajo ha estado a cargo de Cadile.

A esto hay que agregar la cantidad de protagonistas que habrá en la sala de debates. Por lo menos 30.

Veamos: a los dieciocho ya contabilizados entre acusadas y sus abogados hay que sumar a los representantes del Ministerio Público Fiscal (los fiscales Gustavo Stroppiana, el investigador, y Alejandro Iturbide, el jefe de los fiscales a cargo de los Delitos contra la Integridad Sexual) y su equipo de trabajo, a los representantes de las víctimas, que ejercerán el rol de querellantes, y al tribunal de sentencia más sus colaboradores, relatores y demás.

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