Incluso el tribunal de sentencia llegó a conformarse con los jueces penalistas Horacio Cadile, Gabriela Urciuolo y Rafael Escot y el sistema judicial reservó en su calendario de audiencias al menos dos periodos de veintiún días durante los cuales iban a ocuparse exclusivamente del segundo megajuicio por los abusos en el Próvolo. Sin embargo, tamaña previsión no fue suficiente y el proceso pasará para el año 2021.
No solo porque la pandemia trastocó seriamente el funcionamiento de la Justicia, obligando a reprogramar actos procesales de las más diversas causas judiciales en trámite. Sino porque este expediente es mucho más difícil y trabajoso de cerrar para mandarlo a debate en comparación que el del primer megajuicio, de cuya histórica sentencia condenatoria a dos curas y un civil acaba de cumplirse un año.
Hay una razón fundacional, clave: la gran cantidad de imputados. Son nueve (en el primer debate hubo tres) y por cada una de ellas los abogados defensores han presentado, durante la instrucción del expediente, una gran cantidad de recursos destinados a ejercer el derecho de defensa. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada uno de esos planteos debió ser resuelto, lo que detuvo parcial y periódicamente la marcha de los plazos hasta que hubo resoluciones. Algo así como pequeñas sentencias.
De acuerdo a las reformas judiciales vigentes, el objetivo, no solo en este proceso penal sino en todos, es llegar al debate oral con los puntos a juzgar bien determinados. Para que el megajuicio no termine enmarañándose como consecuencia de nuevas nulidades y otro tipo de presentaciones y reclamos que lo empujen al naufragio en pleno desarrollo.
De hecho, durante los últimos tres meses se han desarrollado muchas audiencias destinadas a resolver algunas cuestiones y despejar de asuntos inútiles la cuestión a resolver. Quitar la hojarasca. Y este minucioso trabajo ha estado a cargo de Cadile.
A esto hay que agregar la cantidad de protagonistas que habrá en la sala de debates. Por lo menos 30.
Veamos: a los dieciocho ya contabilizados entre acusadas y sus abogados hay que sumar a los representantes del Ministerio Público Fiscal (los fiscales Gustavo Stroppiana, el investigador, y Alejandro Iturbide, el jefe de los fiscales a cargo de los Delitos contra la Integridad Sexual) y su equipo de trabajo, a los representantes de las víctimas, que ejercerán el rol de querellantes, y al tribunal de sentencia más sus colaboradores, relatores y demás.