Testimoniales y pedidos de informes son algunas de las pruebas producidas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que investiga el acuerdo resarcitorio por $4,5 millones en favor del juez Antonio Vicente Sánchez Rey (76) por un accidente laboral.

El expediente judicial se inició a partir de una denuncia presentada en la Justicia provincial por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo con sede en Buenos Aires.

Por estas horas, el fiscal Hernán Ríos investiga si el acuerdo entre el laboralista Sánchez Rey y la ART Provincia podría ser calificado en los delitos de estafa y fraude a la administración pública.

La Justicia también analiza la documentación incautada en dos estudios jurídicos vinculados con la representación del magistrado en la demanda y posterior acuerdo con la ART.

Todo, a raíz de un accidente que le provocó el 29% de incapacidad en un brazo en 2017 al habérselo apretado con el portón de un estacionamiento oficial ubicado en calle 9 de Julio, en la parte trasera del anexo del Poder Judicial ubicado en San Martín 522.

Diego Sánchez Azcona, hijo del usía, es uno de los investigados a raíz de la denuncia de la SRT. Máxime cuando su nombre y apellido eran conocidos en entes nacionales por haber estado imputado, años atrás, en la llamada "industria del juicio".

En 2018, cuando estalló el escándalo por el acuerdo de $4,5 millones en favor del padre, Sánchez Azcona acusó al Gobierno de perjudicar al padre por suministrar información falsa acerca del sueldo para incidir en la liquidación final.

Semanas atrás, cuando se supo de los allanamientos, Sánchez Rey renunció pero el gobernador Alfredo Cornejo no lo aceptó y lo denunció en el Jury de Enjuiciamiento.

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