El juez laboralista Antonio Vicente Sánchez Rey (76) vuelve a ser noticia. Este lunes renunció al cargo que ocupa desde los '90 pero el gobernador Alfredo Cornejo rechazó su pretensión porque el magistrado es el eje de una investigación penal por los delitos de estafa y fraude al Estado provincial.

El viernes, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos había allanado dos estudios de abogados vinculados al reclamo con posterior acuerdo entre Sánchez Rey y una ART por $4,5 millones por un accidente ocurrido en 2017 en horas de trabajo.

Uno de los letrados que está en la mira es hijo del magistrado y lo representó en este derrotero legal. Se llama Diego Sánchez Azcona y años atrás estuvo imputado bajo el argumento de integrar la llamada "industria del juicio laboral".

El otro abogado en problemas tiene su estudio en calle Patricias Mendocinas, a pocos metros del Palacio Judicial.

Las oficinas de Sánchez Azcona, situadas en calle Mitre de Ciudad, fueron inspeccionadas la semana pasada y se incautó diversa documentación, ahora en poder de los peritos judiciales en busca de pistas del acuerdo resarcitorio varias veces millonario al que arribaron el padre y la ART.

Este letrado había intervenido públicamente en 2018 cuando acusó al Gobierno provincial de falsear información acerca del salario del padre -"lo están haciendo con fines recaudatorios"- lo que, en principio, derivó en una liquidación mucho menor, y que posteriormente fue corregida.

La denuncia judicial fue radicada en los tribunales de Mendoza por abogados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que depende de la Presidencia de la Nación. Llegaron expresamente desde Buenos Aires, movidos por la repercusión periodística del caso Sánchez Rey durante varios meses de 2018.

La presentación está bajo reserva pero en los ambientes tribunalicios volvió a hablarse del magistrado de 76 años con la misma fuerza y la misma indignación de 2018 cuando se supo, primero, que es uno de los jueces mejores pagos de Mendoza y, luego, que había acordado cobrar $4,5 millones por una incapacidad física del 29% en un brazo, bajo el argumento de que se lo apretó con un portón de estacionamiento en horario de trabajo.

El desenlace que no fue

Este lunes se dijo que el camarista había renunciado como consecuencia del escandalete aunque lo hizo amparándose en que está en condiciones de hacerlo desde los 60 años. Sin embargo, Diario UNO comprobó que estaba en su despacho de la Quinta Cámara del Trabajo, en el cuarto piso del anexo 2 del Poder Judicial, en San Martín 322 de Ciudad. Desde su despacho mandó decir que no tenía comentarios que hacer al respecto.

Pasado el mediodía se supo que había dimitido a partir del momento que ANSES lo declarara jubilado y que Cornejo rechazó esa pretensión porque ahora el acuerdo con la ART está bajo investigación.

El caso de Sánchez Rey desató una serie de problemas técnicos y procesales que salpicaron a sus compañeros de tribunal y a colegas del fuero, y que recayeron en la Suprema Corte de Justicia. Si hasta el gobernador Cornejo intervino al decir que el juez había sufrido un accidente "menor".


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