Mendoza Miércoles, 10 de octubre de 2018

Polémica en la causa del juez que cobrará una demanda millonaria

A Antonio Sánchez Rey lo representa un hijo, que estuvo imputado en una causa por fraude en un juicio contra una ART. Una fiscal llamó a completar el tribunal que estudia la indemnización de $4.596.108.

En la Justicia y el Poder Ejecutivo no solo preocupa que el juez laboralista Antonio Sánchez Rey haya acordado con la ART Provincia una indemnización de $4,596.108, por el daño físico sufrido al haberse apretado un brazo con un portón del estacionamiento oficial. También inquieta que el abogado patrocinante sea el hijo, Diego Sánchez Azcona, quien estuvo imputado por el delito de estafa procesal en un juicio contra una ART, a raíz de la enfermedad de un cliente, en el ámbito laboral.

Esa causa fue archivada en septiembre último por el fiscal de Delitos Económicos, Santiago Garay.

Sin embargo, el letrado aparece involucrado en otro expediente, de número 66.226, iniciado en 2009 en la fiscalía de instrucción 16 pero que tuvo diversas ramificaciones investigativas durante 2010. Algo que en el lenguaje técnico se llama compulsas por otros presuntos delitos.

Más allá del parentesco entre el juez y su hijo -que no impide ejercer ante la Justicia los roles de representante legal y demandante- el abogado estuvo oportunamente bajo sospecha de formar parte de la mentada "industria/mafia de los juicios laborales" que, como se ha denunciado públicamente, inventa expedientes por accidentes y/o enfermedades laborales para cobrar jugosas indemnizaciones.

Diego Sánchez Azcona junto a otro abogado fue imputado por el delito de estafa procesal en grado de tentativa. El expediente número 103.448/13 lo tuvo como sospechoso de haber iniciado una demanda de contenido falso contra una ART en el fuero laboral, con el objetivo de lograr un resultado económico fraudulento. Hasta un médico quedó involucrado porque en la demanda aparecía un certificado firmado por él como prueba de cierto grado de incapacidad del demandante representado por Sánchez Azcona.

La causa penal iniciada al hijo del juez Sánchez Rey, al colega y al galeno fue archivada en septiembre por decisión del fiscal Garay, quien la había recibido en 2013 en su época de fiscal de Delitos Complejos. ¿Motivo? Garay invocó el artículo 346 del Código Procesal Penal de Mendoza que lo habilitaba a archivar la causa "cuando no se puede proceder ni encuadrar el hecho en una figura penal".

En 2014, Sánchez Azcona tuvo fuerte protagonismo en el fuero laboral por haber denunciado y pedido el juicio político de la camarista Ana María Salas por los criterios que ella aplicaba al resolver ciertos juicios laborales. Sin embargo, el Jury rechazó el planteo y lo archivó.

En otros hechos, que datan de 2011 y 2015, fue imputado en una fiscalía de Godoy Cruz y en una Unidad Fiscal Correccional respectivamente. Ambas causas fueron archivadas por el mentado artículo 346.

Dos colegas en la mira

La demanda millonaria tiene en la mira no solo al juez por lo elevado del reclamo en dinero, sino a sus dos colegas de la Quinta Cámara del Trabajo, quienes podrán validar -o no- el acuerdo al que arribaron las partes. Son Viviana Gil y Rolando Consolini, vecinos de despacho de Sánchez Rey en el cuarto piso del edificio judicial de San Martín 322. A estos magistrados se les cuestiona no haberse apartado de resolver en el caso del colega, sin embargo en el expediente ambos advirtieron de que están alcanzados por causales de sospecha previstas en el Código Procesal Civil (son parte de la misma comunidad que Sánchez Rey) pero ni éste ni la ART se manifestaron en desacuerdo.

Teniendo en cuenta que Gil y Consolini no alcanzan para conformar un tribunal colegiado (de tres miembros) la fiscal de Cámara Civil y Comercial, María Cecilia Aymerich, observó que debe convocarse a un subrogante legal para cubrir el cargo que Sánchez Rey dejó vacante por ser parte interesada. El caso pasó a la Sexta Cámara del Trabajo y de entre los jueces César Rumbo, Diego Cisiloto y Eliana Esteban saldrá quien complete el tribunal.

-En la justicia. Maniobras vinculadas a la "industria/mafia de los juicios laborales" fueron denunciados en los tribunales de Córdoba y otras ciudades entre 2010 y 2013 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cuando estaba a cargo del mendocino Horacio González Gaviola.

-Quinta cámara. Que los camaristas Gil y Consolini (colegas de tribunal del juez demandante)sigan al frente de la causa y puedan validar el acuerdo con la ART causó malestar político y legal, más allá de la letra del Código Procesal Civil.

La elevada cifra abrió el debate

La demanda millonaria del juez divide aguas en el Poder Judicial, aunque, finalmente, tras pasar por el cedazo algunos puntos, la mayoría coincide en que el proceso pudo ser más razonable y menos polémico.

Por un lado están los que consideran que el Antonio Sánchez Rey tiene todo el derecho de accionar legalmente por el accidente sufrido en su lugar de trabajo (la cochera oficial). Pero esa postura pierde fuerza cuando admiten que $4,5 millones es una cifra sideral. "¿Y si hubiera perdido el brazo cuánto pediría?", dicen unos invocando a la razón.

La intervención de su hijo Diego Sánchez Azcona también levantó polvareda. "Esa causa por fraude procesal que tenía fue archivada", justifican unos. "Sí, pero... ¿por qué no buscó otro abogado justo en ese tipo de juicios contra una ART?", retrucan otros.