Mendoza Viernes, 19 de octubre de 2018

Traspié para el juez que reclama $4,5 millones por un accidente

Los camaristas que debían autorizarle ese pago al magistrado Antonio Sánchez Rey se declararon incompetentes y todo pasó a la Corte.

Pasó el jueves a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el expediente por la indemnización de $4,5 millones en favor del juez del Trabajo Antonio Sánchez Rey, quien denunció un accidente laboral en 2017.

Ahora, el máximo tribunal provincial tiene al menos tres opciones para dar continuidad al proceso que se tornó polémico y desató críticas dentro y fuera de la Justicia y hasta del propio gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo por lo impactante del monto.

Primera opción y más probable de que se concrete: que la Corte convoque a conjueces especiales para que resuelvan el pleito, teniendo en cuenta que el mismo involucra a un juez y que para estos casos rige la ley 7.924 que en su artículo 13 establece que "los conjueces especiales intervendrán en todas aquellas causas en las que estén controvertidos intereses de los jueces o empleados del Poder Judicial".

La segunda opción: que sean los propios supremos quienes tomen la decisión de validar o no, total o parcialmente el acuerdo millonario, ya sea en el ámbito de la Sala II (Laboral y Penal) o en plenario (los siete miembros).

La última posibilidad es la menos probable: que deriven el caso a la Justicia Laboral, primera instancia donde ya tuvo un trajinado derrotero sin resolución que incluyó el apartamiento no solo de los tres jueces de la Sexta Cámara del Trabajo sino también de dos colegas de Sánchez Rey y de funcionarios de su juzgado.

Motivos

La decisión de que la Corte local intervenga en el caso del acuerdo indemnizatorio entre el juez de la Quinta Cámara del Trabajo y la ART Provincia, fue tomada por sus pares de la Sexta Cámara del Trabajo una semana después de haber recibido el expediente iniciado en el juzgado del propio demandante.

Previamente y en el mismo escrito, los magistrados Eliana Lis Esteban, César Rumbo y Diego Cisilotto se excusaron de resolver el pleito que involucra al colega y vecino de tribunal Sánchez Rey.

Lo hicieron por "prudencia", según dejaron claro en la resolución, porque "el accionante es un juez de Cámara del Fuero Laboral, y en consecuencia, la resolución de los intereses en conflicto podría comprometer la situación personal y laboral de estos juzgadores".

Otro motivo que tuvieron para excusarse es que también son beneficiarios del contrato de seguro entre el Gobierno de Mendoza y la ART Provincia de acuerdo a la Ley de Riesgos de Trabajo.

Destacaron los camaristas la vigencia de la ley 7.924 que estipula que para este tipo de casos debe convocarse a conjueces especiales. Esta es la vía más adecuada para resolver este entuerto. Y en eso coinciden dentro y fuera del Poder Judicial y en ámbitos académicos.

La primera parte del documento firmado por Esteban, Rumbo y Cisilotto anticipaba que la Sexta Cámara del Trabajo se declara incompetente y que acepta formalmente la excusación presentada por dos compañeros de tribunal de Sánchez Rey, los jueces Viviana Gil y Rolando Consolini, para no seguir interviniendo en el caso, aunque ya lo habían hecho en la primera parte.

A pesar de haber advertido que eran compañeros de Sánchez Rey, ambas intervenciones fueron avaladas por el juez/demandante y la ART, por lo que el acuerdo avanzó. Hasta que la difusión pública lo frenó.

Coletazo

Otra polémica se desató la semana pasada cuando Diego Sánchez Azcona, ex imputado por un caso de la llamada industria del juicio laboral e hijo y abogado del juez Sánchez Rey, denunció que el Gobierno dio cuenta de que Sánchez Rey ganaba un sueldo menor del que percibe ($93.000 en vez de los $230.000 que percibía a comienzos de este año) con el único objetivo "recaudatorio" de que la indemnización por el accidente laboral fuera menor. Esto desató un pleito menor que salió a favor del juez. El Gobierno finalmente dio la cifra correcta y tras un recálculo la indemnización trepó a $4,5 millones.

La fuerte suma y el alto daño físico están en la mira judicial

Dice un viejo refrán popular que hasta los mejores panes pueden quemarse en la puerta del horno. Y el caso de la indemnización en favor de Antonio Sánchez Rey podría equipararse perfectamente a ese antiquísimo decir.

Es que la inminente intervención de la Suprema Corte, o en su defecto un tribunal de conjueces especiales, implicará revisar de punta a punta el expediente que ya estaba listo para ser legitimado para que el usía cobrara los $4,5 millones por el accidente sufrido.

El 29% de incapacidad en el brazo del juez como consecuencia de habérselo apretado con el portón de un estacionamiento para magistrados es uno de los ítem por revisar en este barajar y dar de nuevo.Incluso algunos analistas coinciden en que debería reveerse si Sánchez Rey pudo haber incurrido -o no- en la manipulación negligente de la abertura.

Otro aspecto en la mira: que el resarcimiento en dinero sea tan abultado teniendo en cuenta que Sánchez Rey trabaja con normalidad y no se le advierten problemas de movilidad en el brazo accidentado, más allá de haber recibido el tratamiento adecuado en 2017.

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