Por unanimidad el Jury de Enjuiciamiento aprobó este jueves el juicio político contra el magistrado Antonio Sánchez Rey por haber reclamado $4,5 millones por un accidente laboral y el proceso que podría terminar con su destitución comenzará el próximo mes.
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Cuando Sánchez Rey renunció, el entonces gobernador Alfredo Cornejo, que promovió el Jury, rechazó la salida. Al mismo tiempo, el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos Ruiz inició una pesquisa por el delito de fraude y ordenó allanamientos.
El escándalo comenzó cuando la Superintendencia de Riegos de Trabajo advirtió acerca del millonario acuerdo entre Sánchez Rey y la ART que prestaba servicios para el Estado provincial.
Este jueves se reunió vía zoom el Jury, presidido por Omar Palermo. No participó el presidente de la Suprema Corte -Dalmiro Garay- que fue recusado por la defensa y tampoco lo hizo el supremo Julio Gómez quien se excusó porque uno de sus hijos es testigo.
Sánchez Rey lleva casi un año suspendido y cobra la mitad de su sueldo desde que fue sancionado. Del Jury participan los 7 miembros de la Corte y en este caso a Garay y a Gómez los sustituyeron Marcelo Gutiérrez Del Barrio y Laura Guajardo, camaristas penales.
Lo cierto es que los 7 representantes del máximo tribunal, más los 7 de la Cámara de Diputados y los 7 de Senadores decidieron avanzar con el proceso de destitución que se iniciará en la segunda semana de septiembre.
Guzzo y Sarcinella
El Jury de Enjuiciamiento abordó otros pedidos de juicio político.
Uno es contra el fiscal Fernando Guzzo, que fue archivado pero las actuaciones serán enviadas a la Procuración General. Lo había solicitado la diputada Laura Chazarreta (PJ) quien le endilgó ignorar la perspectiva de género en un juicio contra una mujer -Claudia Cortez- que fue acusada de asesinar a su esposo.
Otro es contra María Fernanda Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces, por no justificar inasistencias a su trabajo. Se dispuso darle traslado y ahora ella tiene 10 días para defenderse.
