El otro imputado, titular de la red de internet utilizada para amenazar a jueces y fiscales, estuvo detenido y quedó en libertad este viernes.
Fue por decisión del juez penal Diego Lusverti, quien dejó sin efecto la prisión preventiva en apelación y le impuso reglas de conducta. De todos modos, sigue implicado.
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El juez Diego Lusverti ordenó la libertad de uno de los sospechosos de amenazar a jueces y fiscales. Le impuso reglas de conducta.
La investigación judicial está centrada en casi una decena de publicaciones intimidatorias contra jueces y fiscales. El caso se torna grave porque las víctimas fueron intimidadas no a título personal, sino por la función de magistrados que cumplen.
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La Fiscalía pidió informes a Google y META por las amenazas
La investigación del Ministerio Público Fiscal por amenazas agravadas e instigación a cometer delitos contra jueces y fiscales -a través de internet- está a cargo de la fiscal Gabriela García Cobos, de la división Delitos Informáticos.
El expediente lleva el número 21.093 y comenzó con el rastreo de los perfiles de redes sociales utilizados.
La producción de elementos de prueba en casos de delitos a través de internet demanda, generalmente, plazos extensos porque la Justicia precisa de documentación e informes emitidos por organismos, muchas veces, situados en el exterior.
Para este caso, el Ministerio Público Fiscal tramitó y gestionó directamente con Google, empresa especializada en productos y servicios de internet, informática y electrónica, y con la empresa META (ex Facebook) desarrolladora de tecnologías y redes sociales.
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Desde Estados Unidos, Google aportó informes a la Justicia de Mendoza por el caso de las amenazas a jueces y fiscales.
Además, hubo allanamientos en 5 domicilios, donde se incautaron 6 dispositivos electrónicos. La extracción de los datos específicos estuvo a cargo de personal de la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF), a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Se pidió a META que dé la baja de los perfiles de redes sociales investigados pero aún no hay respuesta a esa solicitud.
El caso de amenazas a jueces y fiscales sucedió en febrero de 2023
La pesquisa que tiene hoy a dos hombres bajo proceso judicial comenzó en febrero de 2023, cuando una fiscal denunció que las fotos de sus hijos eran subidas a un perfil de Facebook de contenido amenazante por su función de magistrada.
La denuncia y la investigación fueron mantenidas en absoluta reserva durante un año y nueve meses. De hecho, durante un buen tiempo, el expediente no fue prioridad hasta que se designó a un nuevo investigador. A esa altura, una de las víctimas se había visto obligada a presentarse como querellante particular para que la Justicia destrabe el caso.
Con la pesquisa ya avanzada, la problemática de las amenazas contra jueces y fiscales se tornó insostenible hace dos semanas, cuando el conductor de un camión arremetió contra el portón de acceso a la cárcel de Boulogne Sur Mer y a los gritos contra el juez penal Sebastián Sarmiento.
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El conductor cuando amenazó al juez Sebastián Sarmiento, hace dos semanas, en la cárcel.
Días después, la Asociación de Magistrados se pronunció por primera vez y repudió los hechos. Para algunos, demasiado tarde respecto de las amenazas de 2023.
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Quiénes son los implicados en el caso de amenazas por internet a jueces y fiscales
La investigación determinó que se trata de José Concha, condenado a prisión perpetua en 2017 por la violación y asesinato de la niña Trinidad Rodríguez, y Alfredo Castro.
Pedidos de justicia. Beltrán estuvo varios días movilizado tras el crimen de Trinidad Rodríguez.
Marcha en Beltrán por la violación y asesinato de la niña Trini Rodríguez. Uno de los dos condenados -los hermanos Concha- está implicado ahora en las amenazas a jueces y fiscales.
Según la fiscalía, Concha fue el autor de las amenazas agravadas e instigación a cometer delitos contra una fiscal y una camarista utilizando las redes sociales de Castro. Éste, en su defensa, declaró que las había facilitado al primero por cuestiones comerciales y porque entiende de informática.
Para la época de las amenazas, Concha estaba en prisión domiciliaria con tobillera mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidía si aceptaba -o no- su planteo contra la condena que la Corte de Mendoza había confirmado por unanimidad en 2018 con los votos de José Valerio, Omar Palermo y Mario Daniel Adaro.
Finalmente, la Corte nacional confirmó la condena impuesta por la Sexta Cámara del Crimen y José Concha fue llevado al pabellón carcelario de condenados por delitos sexuales. Allí comparte espacios y largas conversaciones con el ex sacerdote Horacio Corbacho, condenado en el 2019 a 45 años de cárcel por abusos sexuales en el Instituto Próvolo.
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Así se investigaron las amenazas a jueces y fiscales
- El Ministerio Público Fiscal logró que la empresa META respondiera varios pedidos de informes sobre los perfiles de Facebook e Instagram investigados.
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La empresa META (ex Facebook) también colaboró con la pesquisa por las amenazas virtuales a jueces y fiscales.
- Consiguió, además, que Google respondiera informes sobre las direcciones de mail desde las que se crearon los perfiles investigados.
- Implementó por primera vez la Orden de Presentación Digital.
- Allanó 5 domicilios y se realizó extracción de datos de 6 dispositivos electrónicos.
- La UDAPIF y la Fiscalía analizaron las extracciones de datos de los dispositivos electrónicos secuestrados.
- Realizó tareas investigativas propias y aplicó técnicas y herramientas de OSINT para recopilar información pública, analizar datos y relacionarlos para convertirlos en conocimiento útil.
- Tramitó el pedido a la empresa META para que dé de baja los perfiles investigados.
