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La administración de Trump fue duramente criticada por su manejo del caso. Varios jueces, tanto conservadores como liberales, señalaron su preocupación por la aparente indiferencia hacia el debido proceso. Funcionarios del Gobierno describieron la deportación como un “error administrativo”, y en abril Bondi aseguró que Ábrego García “no va a regresar a nuestro país”.
“El presidente Bukele dijo que no lo iba a devolver. Ahí termina la historia”, dijo entonces Bondi, cuando Bukele se reunió con Donald Trump. Pero finalmente, el hombre fue traído de vuelta, aunque su permanencia en Estados Unidos no está garantizada.
La deportación a El Salvador violó una orden judicial
La deportación a la megacárcel Cecot en El Salvador violó una orden judicial de 2019 que prohibía devolverlo a su país por riesgo de violencia de pandillas. Sin embargo, esa orden no impedía su envío a un tercer país.
Las autoridades indicaron que si Ábrego regresa a Estados Unidos, podrían volver a deportarlo o intentar anular la orden judicial de 2019. Lo acusan de pertenecer a la MS-13, clasificada como organización terrorista extranjera, aunque sus abogados lo niegan.
La jueza federal Paula Xinis sigue recopilando información sobre lo que hizo el Gobierno para cumplir con su orden. Aunque el caso se mantuvo en segundo plano, el regreso de Ábrego García vuelve a poner el foco en una disputa legal y política que aún no termina.