La jueza falló en contra de deportar a 100 personas a El Salvador. Personas sostienen carteles durante la recolección de firmas en apoyo a sus compatriotas migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador en Caracas (Venezuela). Crédito: EFE/ Miguel Gutiérrez.
Una jueza federal en Colorado bloqueó la deportación de unos 100 inmigrantes venezolanos que serían enviados a El Salvador. La decisión fue tomada este martes por la jueza Charlotte N. Sweeney, quien ordenó al Gobierno de Estados Unidos que no puede expulsar a dos de estos migrantes sin antes revisar sus casos ni ofrecerles una audiencia judicial.
El fallo de la Jueza
La agencia EFE informa que el fallo favorece a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a dos venezolanos de 25 y 32 años, que sus nombres no fueron revelados. El impacto de esta decisión afecta directamente al plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que pretendía deportar a El Salvador a los hombres detenidos en el centro de detención GEO, en Aurora, Colorado.
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Un cartel durante la recolección de firmas en apoyo a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador, en Caracas (Venezuela). Crédito: EFE/ Miguel Gutiérrez.
“Por primera vez en meses podemos respirar”, dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas. Lunn denunció que su comunidad fue afectada desproporcionadamente por el DHS, y lamentó la pérdida de vecinos y seres queridos debido a lo que calificó como “anarquía migratoria”.
Durante la audiencia, los abogados del Gobierno argumentaron que frenar las deportaciones limitaría la capacidad de Estados Unidos para aplicar sus leyes migratorias. Pero la jueza Sweeney no aceptó esa posición. En su fallo, afirmó que los inmigrantes corren el riesgo de ser deportados de forma injusta y podrían sufrir daños irreparables si son enviados a El Salvador.
Según documentos judiciales, los dos venezolanos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos hace algunos años, como lo hicieron cerca de 40.000 venezolanos entre 2022 y 2024, muchos de los cuales ahora residen en Colorado.
La jueza prohibió cualquier traslado inmediato de los detenidos a El Salvador y señaló que deben tener derecho a una audiencia y a recibir información legal en español. También enfatizó que la ACLU demostró que sus representados sufrirían un daño grave si no se emitía esta orden judicial.
La abogada Lunn aclaró que la demanda no busca que se les otorgue asilo o libertad inmediata, sino que se respete su derecho al debido proceso ante un juez en Estados Unidos.
