El último reporte oficial –a abril- da cuenta de que ya se suspendieron 2.004 pensiones no contributivas por invalidez, mientras que quedan otras 1.485 con evaluación desfavorable tras la auditoría del año pasado. Sobre la actual, que incluye Mendoza, aún no hay resultados.

La semana que viene deberá ir el jefe de Gabinete Guillermo Francos otra vez al Congreso a presentar un nuevo informe de gestión. En él, se esperan novedades respecto del andar de la auditoría de pensiones por invalidez que se retomó en febrero de este año.

En tanto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reportó que en realidad la Nación ya lleva auditadas más de 11.000 pensiones no contributivas y que, de ellas, dio de baja el 35%. Esto, según un pedido de información pública respondido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Con quejas, continúa el proceso de auditoría de la ANDIS sobre las pensiones no contributivas por invalidez. PAMI presta los médicos para el control.

Con quejas, continúa el proceso de auditoría de la ANDIS sobre las pensiones no contributivas por invalidez. PAMI presta los médicos para el control.

Auditoría de ANDIS para un millón de pensiones no contributivas

El nuevo procedimiento de auditorías de pensiones no contributivas por invalidez laboral de ANDIS comenzó en febrero. Se viene llevando a cabo en Mendoza, y otras provincias, con más dudas que certezas para los beneficiarios y escasa información oficial, lo que hizo que las oficinas de la agencia colapsaran.

Quien realizó un pedido de información pública a ANDIS sobre el andar de las auditorías fue la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Según dijeron, la agencia se limitó a dar datos sobre el proceso de 2024, sin dar respuesta aún sobre el que se lleva actualmente.

Según este reporte- que difiere del que dio Francos ante la Cámara de Diputados a fines de abril-, durante 2024 se cursaron citaciones a 33.925 personas con pensiones no contributivas por invalidez; pero de todas ellas, solo 12.522 fueron efectivamente notificadas. De las que recibieron la carta documento, al turno de la auditoría asistieron 11.035. Y, de esas, 3.854 tuvieron una evaluación desfavorable, 6.729 favorable y otras 452 aún están en estudio.

Esas personas pertenecen a operativos realizados en Tucumán, Mar del Plata, Santiago del Estero, Chaco y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para abril, fecha del informe de gestión de Francos, los números eran los siguientes: “Se ha citado a 22.339 pensionados, asistieron 8.150 de cuales 3.489 tienen evaluación desfavorable. A su vez 14.189 no asistieron y vuelven a ser citados para las auditorías del año 2025”.

Estas diferencias también son parte del escenario de dudas y poca información que se plantea en torno a las auditorías encaradas por el gobierno nacional.

Francos confirmó –y lo tomamos como oficial- que al mes de abril se habían suspendido efectivamente 2.004 pensiones por invalidez, por diferentes motivos: no cumplir con los requisitos del Anexo I Decreto 432/1997 y sus modificatorios, artículo 1° por los incisos a), f), j) y el 9° incisos a), b), f) y g).

En tanto que 239 pensionados renunciaron y se detectó que 146 estaban fallecidos.

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Aún no están los resultados de las auditorías de pensiones no contributivas que se están llevando a cabo este año y que incluyen a Mendoza.

Aún no están los resultados de las auditorías de pensiones no contributivas que se están llevando a cabo este año y que incluyen a Mendoza.

“Sobre las evaluaciones que comenzaron el 19 de marzo, están en proceso de recepción de los informes de asistencia por parte del PAMI, sin tener aún resultados para informar”, dijeron desde la Jefatura de Gabinete.

Por qué pueden dar de baja las pensiones no contributivas en la auditoría

El principal argumento es no “encontrarse incapacitado en forma total y permanente”. Según la norma que se está aplicando a rajatabla “se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del 66 % o más en la capacidad laborativa”.

Este criterio, reincorporado en septiembre del año pasado mediante el decreto 843/24, fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mes pasado.

Aunque también se han dado de baja pensiones por deficiencias de forma, es decir, porque no se les pudo entregar la citación de la ANDIS o porque se notificó varias veces al beneficiario y éste no acudió a la auditoría.

De hecho, en la denuncia presentada ante la ONU se hace hincapié en el procedimiento de auditorías particularmente, por la falta de "detalle acabadamente cada una de las etapas y plazos de la auditoría, la metodología para realizarla, los organismos intervinientes ni las medidas de accesibilidad adoptadas para que las personas con discapacidad puedan participar y ejercer su derecho de defensa", entre otros puntos.

Lo que dicen desde el gobierno nacional es que el nuevo procedimiento fue abordado de la misma manera que los operativos realizados en 2024, con el fin de alcanzar a todos los beneficiarios de todo el país. Y que en este sentido, se realizó un convenio con el PAMI, a cargo de la estructura de médicos para realizar las verificaciones, para auditar por 24 meses a 1.017.219 beneficiarios.

La ANDIS señaló que no se ha establecido un plazo unificado para la publicación de resultados de las auditorías, dado que los procesos varían según la jurisdicción, la carga operativa y la complejidad de los casos.

Y que el procedimiento de auditoría incluye:

  • Revisión documental y clínica de cada caso.
  • Evaluación médica por profesionales del PAMI.
  • Validación final por el equipo médico de ANDIS.
  • Cruces de datos con otras bases oficiales para detectar incompatibilidades (empleo registrado, ingresos no declarados, etcétera).

Sobre el estado de situación de la auditoría 2025, la ANDIS informó que en todo el país se enviaron 703.430 notificaciones pero, al mes de abril, sólo habían sido entregadas 248.875, mientras que otras 231.948 estaban en curso.

Qué puedo hacer si me dan de baja la pensión no contributiva: acción de amparo

Desde ACIJ informan que, si una persona presentó un reclamo ante la Agencia Nacional de Discapacidad y esta no respondió o se negó expresamente a restituir la pensión por no cumplir con algún requisito considerado “inconstitucional”, se puede interponer una acción de amparo.

Esos requisitos a los que hace referencia a la asociación serían el no cumplir con el 66% de invalidez laborativa, tener un empleo, contar con familiares legalmente obligados a prestar alimentos o por poseer bienes que, según la ANDIS, garantizan la subsistencia del sujeto.

En la web Discapacidad y derechos, brindan modelos de acción de amparo según el requisito por el que se dio de baja la pensión no contributiva en cuestión.