Un hombre de 31 años que decía ser abogado estafó a clientes por 54 millones de pesos. Estafaba a gente desde hacía más de 10 años.
Juan Andrés Zurvera. Este hombre de 31 años se hacía pasar por abogado para estafar clientes.
Decía que era abogado. Su madre le creyó hasta que se comprobó que desde 2014, cuando ingresó a la universidad, solo rindió 13 materias de Derecho.
Pero estaba convencido de que era abogado y montó una farsa con la que engañó no solo a familiares y amigos, sino también a clientes.
Para cumplir el objetivo falsificó firmas digitales de jueces y camaristas y adulteró documentos judiciales, con los cuales defraudó a clientes por unos $54.000.000.
El caso se comenta con insistencia en Santa Fe, especialmente en el interior provincial, no solo porque este hombre radicado en Sunchales, identificado como Juan Andrés Zurvera, de 31 años, es un estafador sino porque llegó a ocupar la vicepresidencia primera del club Unión de esa ciudad del oeste santafecino, donde gozaba de prestigio y simpatía.
Por eso, cuando la institución tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo, emitió un comunicado en el que señaló que desconoce por completo los hechos mencionados en la causa, los cuales serían de estricta índole personal, y aclaró que ningún miembro de la comisión directiva se encuentra vinculado ni tenía conocimiento previo de las circunstancias investigadas.
Tampoco pasa desapercibido que el imputado le hizo creer a su madre, familiares y amigos que era abogado cuando en realidad solo había rendido 13 materias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la capital provincial.
Esta semana, el fiscal Guillermo Loyola imputó formalmente a Zurvera los cargos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.
Según las investigaciones, más allá de esas mentiras, los investigadores lograron probar que de los $54.000.000 que Zurvera obtuvo en el curso de tres años, solo entre enero y noviembre de 2025 ingresaron a sus bolsillos $18.000.000, correspondientes a transferencias realizadas por sus clientes.
Los investigadores detallaron que el modus operandi consistía en captar personas con necesidades legales urgentes, a quienes les solicitaba adelantos de honorarios y gastos operativos por juicios o gestiones que, en realidad, nunca se iniciaban.
De esta manera, el falso profesional lograba dilatar los reclamos de sus víctimas mientras continuaba percibiendo pagos de manera ilegal.
Tras una profusa investigación y con los elementos de prueba aportados a la causa, el fiscal Loyola, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los tribunales de Rafaela, lo imputó por un total de 10 hechos y el juez penal Javier Bottero dictó la prisión preventiva sin plazos para el falso abogado, mientras se suman elementos y testimonios a la causa.
Fuente: lanacion.com.ar