Una causa que indignó a la comunidad educativa de la provincia de Corrientes llegó a su resolución judicial. La Justicia correntina condenó a una docente de 57 años acusada de exigirles sumas de hasta 150 mil pesos a sus alumnas a cambio de aprobarles la materia o permitirles pasar de año sin asistir a clases.
La resolución fue homologada mediante un juicio abreviado pleno por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien halló a la mujer culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión.
"Si no pagás el producto, no aprobás": el escandaloso modus operandi
La investigación judicial logró acreditar múltiples episodios donde la docente utilizaba su posición de poder para extorsionar económicamente a los estudiantes de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini.
Entre los casos más graves documentados en el expediente figuran:
- El caso de julio de 2025: La profesora le exigió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar. La joven logró entregarle un pago parcial de $30.000, pero al no completar el total, comenzó a recibir presiones. El 28 de ese mes, la condenada le envió un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que si no abonaba el saldo del “producto”, no la aprobaría.
- Transferencias bancarias: En abril de 2025, otra alumna cedió ante la extorsión de la docente, quien le exigió $150.000 directos para garantizarle la nota de aprobación. La estudiante realizó la transferencia por el monto total solicitado.
- Cobros por el título secundario: Exalumnos atestiguaron que años atrás la mujer les exigía pagos indebidos vinculados a la entrega de la documentación final, bajo amenaza de perjudicar sus calificaciones finales.
Años de cobros ilegales y alumnas que abandonaron la escuela
Durante la instrucción del caso, se sumaron testimonios desgarradores de padres y alumnos que dieron cuenta del impacto social de la conducta de la docente. Diversas madres declararon que la acusada implementaba cobros sistemáticos —de entre $15.000 y $150.000— que alcanzaban a decenas de chicos.
Una de las madres relató que su hija, a pesar de estudiar exhaustivamente, no lograba aprobar hasta que la docente le dejó en claro que la única vía era "comprar los productos". Ante la imposibilidad económica de afrontar los pagos y el acoso constante, la adolescente terminó abandonando la institución educativa. Las primeras denuncias formales por parte de los padres habían sido radicadas en octubre de 2024.
La sanción judicial: inhabilitación, multa y resarcimiento económico
Tras la homologación del acuerdo, la jueza Benasayag le impuso a la exdocente una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos docentes durante el mismo período.
Asimismo, la condena contempla un severo impacto económico para la sancionada:
- Reparación del daño: Deberá abonar un total de $480.000 ($240.000 a cada una de las dos alumnas damnificadas directamente en los hechos de 2025).
- Multa judicial: Pagará $360.000, monto fijado en el doble del valor de la exacción cometida.
- Reglas de conducta: Se le fijó una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las víctimas, la obligación de no cometer nuevos delitos, fijar domicilio y presentarse trimestralmente ante la Oficina Judicial.
En pocas palabras
- Docente condenada: Exigía hasta $150.000 a alumnos para aprobarles la materia.
- Modus operandi: Cobros sistemáticos y amenazas a estudiantes para garantizar la aprobación o el paso de año.
- Sanción judicial: Tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la docencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
