Guillermo Rubio es abogado. Durante un año y cuatro meses vivió en su estudio, porque decidió ceder su casa para que la Justicia de San Rafael accediera otorgarle la detención domiciliaria a un inmigrante africano que estaba acusado por un caso de femicidio. Después de 587 días se comprobó que la acusación contra Gassim Alhassimou Barry era un error y fue sobreseído. Durante todo ese tiempo, Rubio no solo le prestó la casa, sino que corrió con sus gastos, incluida su alimentación.

El caso de Gassim fue noticia nacional. El guineano, de 33 años y llegado de polizón al país en 2009, tuvo la mala fortuna de encontrar tirado un celular dentro de una acequia cuando estaba de paso por San Rafael. Lo levantó, lo activó y 6 meses después lo detuvieron porque lo involucraron con el homicidio de la dueña de ese móvil, la policía Florencia Peralta.

Gassim tuvo defensor oficial: Jorge Vitale, pero también Rubio se sumó al caso apenas se enteró, ya que inmediatamente detectó que había una vulneración de sus derechos. A los 15 días de detenido en la cárcel, se pidió la detención domiciliaria. “El domicilio de Barry estaba fijado en Buenos Aires y su familia se encontraba en África, a 10.000 kilómetros de distancia, por lo que la solución fue que yo le diera mi casa”, recordó Guillermo Rubio.

Rubio tiene 56 años, es sanrafaelino y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán. Es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y también parte de la Comisión por la Prevención de la Tortura.

Recuerda que “detectamos la presencia de Barry, un hombre de raza negra, extranjero, pobre, totalmente vulnerable, encerrado en la cárcel en una situación que lo ponía en riesgo y, principalmente, advertimos que la acusación era un fraude”. El abogado se pregunta “¿cómo puede ser que los organismos hayamos advertido esta situación, sin mirar el expediente, y que el Estado haya seguido adelante, manteniéndolo preso?”

Cuando se logró que se le concediera la detención domiciliaria “decidí traerlo a mi casa y yo mudarme a mi estudio, porque Barry no tenía otra posibilidad”.

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Durante ese año y medio, que ahora concluyó con el sobreseimiento y la libertad absoluta, Rubio corrió con todos los gastos de Gassim. “Ahora siento un gran alivio. El temor era que fuera condenado injustamente, como un perejil. No había, no hay y no va a haber, ningún elemento que lo vinculara en circunstancia de tiempo, modo y lugar con el hecho que se investigaba. Haber encontrado un celular y haberlo tenido en su poder, no amerita que a él ni a nadie le atribuyan un homicidio”, dice Rubio.

Cuenta que con Barry “nos hemos hecho amigos. Hemos compartido muchas cosas durante todo este tiempo”. Y recuerda algunas particularidades que tuvo el alojamiento de Gassim en su casa. “Yo he tenido que ir varias veces a la casa, como aval de la situación, porque Barry salía a tomar aire al jardín y sonaba la alarma porque tenía colocada una tobillera. Lo grave es que todo esto ocurrió en un marco de inocencia”.

El letrado sostiene que este tipo de casos ocurren por “la exacerbación de la punición que hay en la provincia. Es un desastre lo que ha hecho con la gente la Procuración General”.

Dice que su compromiso le ha granjeado críticas y enemigos, pero que “no me he fijado en esa situación. Si uno le quiere caer bien a todo el mundo, no puede hacer nada. Una persona que no tiene enemigos, es una persona que no tiene vida”.

Rubio recuerda que, cuando decidió mudarse a su estudio y dejarle su casa a Gassim Barry, tuvo el natural apoyo de sus hijas. “Ellas comparten en mucho lo que hago. Es lo que han vivido siempre en casa, con la mirada hacia el otro”. Afirma que “siempre hemos tenido claro que la mirada es colectiva y las salidas son solidarias”.

Guillermo Rubio tiene una mirada muy crítica sobre las directivas que bajan desde la Procuración General hacia los fiscales. Dice que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tiene dicho al país que únicamente se puede detenerse a las personas por dos razones: una es el riesgo de fuga y otra el riesgo procesal y no pueden tomarse en cuenta los antecedentes. A la Procuraduría le encanta que la gente esté presa”.

El abogado sostiene que “toman el antecedente como efecto de la sentencia futura. Siguen este criterio: Tiene una condena anterior, de ninguna manera va a poder acceder a una condicional y no importa si en este trayecto la persona es culpable o inocente, lo tenemos preso igual. Entonces se produce una vulneración del derecho de defensa. Los fiscales entonces hacen una suposición: al esperarse una pena de cumplimiento efectivo, la persona va a querer fugarse. De aquí parten y generan un concepto de peligro de fuga que es completamente abstracto y que no se puede discutir, es mentiroso”.

-Entonces no hay fiscales independientes, con criterio propio…

-No, tienen una línea y eso es todo. Los fiscales independientes no existen. La movilidad que tienen es para hacer las imputaciones y demás, es una capacidad técnica, pero están ceñidos por las indicaciones que les da el Procurador General de la Corte.

Rubio también tiene una mirada crítica sobre la formación de los nuevos profesionales. “No tienen un pensamiento ideológico de la profesión, ojalá lo tuvieran. La formación de los nuevos profesionales, es una formación completamente mercantilizada. Esto está dado porque no hay una extensión universitaria. Cuando se planteó la reforma universitaria, se planteaba como muy importante la extensión universitaria. Los estudiantes de cualquier carrera, no tienen ningún contacto con la sociedad en la que están. Salen de la universidad directamente al núcleo de pertenencia profesional y enseguida se creen que están por encima de los demás. De allí viene el trajecito y la corbata, el maletincito, y todas las cualidades y características que acreditan a una persona profesional. Lo importante es la puesta, la forma de vestirse, pero hay una gran falta contacto con la sociedad”.

Rubio subraya que “esto hay que cambiarlo para que el rol del profesional que sea fecundo, mucho más profundo, que tengan contacto con la Argentina de verdad, la que vive en los distritos, con sus padecimientos y sufrimientos. Los abogados, los médicos, deben compartir esto y dar soluciones a esos sufrimientos. Así tendríamos profesionales comprometidos con resolver problemas y no tanta mercantilización ni tanto apretarse al lado de Tribunales o al lado del hospital…”