Las previas a las presentaciones de buzos de los alumnos de escuelas secundarias o el Último Primer Día (UPD) se han convertido en un circuito de fiestas clandestinas casi sin control. En Mendoza las autoridades detectan seis fiestas ilegales por semana (no todas pertenecen a chicos de escuelas) y reconocen que hay otras imposibles de encontrar.
En estas fiestas abundan el alcohol y las irregularidades de toda clase. Lo complejo es que sus asistentes son menores de edad, en casi todos los casos.
Hay negociaciones secretas, acuerdos truchos en salones ilegales y problemas de toda índole que se cierran a través de WhatsApp o con un contrato que firman un par de estudiantes con el organizador. Para colmo, además de los servicios de DJ, barra y transporte, también se paga por "seguridad".
Todo forma un cóctel ideal para que se produzcan casos como el que dio a conocer Diario UNO esta semana, en el que adolescentes de 17 años denunciaron haber sido abusadas por personal de seguridad de un salón de Las Heras. Esto ocurrió en la fiesta de presentación del buzo de 5º año del colegio universitario DAD y reveló que las exigencias de la ley no existen en estos festejos clandestinos.
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Mauricio Sequeiros, titular de la Asociación de Propietarios de Salones de Fiestas y Empresa de Banquetes, manifestó a Diario UNO que estas situaciones se dan en lugares que no están registrados y que trabajan de manera informal.
Puntualmente sobre el personal de seguridad, dijo que "para una fiesta de egresados, a las 18 -el día del evento- el Ministerio de Seguridad llega para controlar que nuestros custodios tengan las credenciales de REPRIV (Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada) y revisan en la base de datos para saber si tienen algún antecedente. Eso definitivamente no sucede en las fiestas que se hacen en lugares que no están registrados".
Los costos son claves
También expresó que por los altos costos que se manejan, es impensado que un grupo de adolescentes acudan a los salones legalmente inscriptos para hacer este tipo de eventos. "En los que yo opero tenemos boletas de luz de más de $80.000, y es imposible trasladar esos costos a una fiesta de adolescentes, porque no lo tienen previsto en los gastos. Las diferencias de dinero son enormes", afirmó.
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"Esas no son fiestas legales. Se juntan en el quincho de alguno de los familiares, de amigos -o en cualquier salón alejado-, contratan un DJ y no hacen absolutamente nada legal", agregó Sequeiros.
Respecto a esta problemática de los lugares de fiestas no identificados, al menos dentro de la legalidad, manifestó: "Hace muchos años que nosotros venimos trabajando en ese tema, para que el Gobierno controle los salones que no están inscriptos, y lo que logramos es que cada vez nos pongan más regulaciones a los que sí estamos inscriptos. Tampoco hay un control específico para rastrear fiestas clandestinas".
Acerca de los eventos donde los adolescentes son los protagonistas, como puede ser una fiesta de egresados o las que se hacen para presentar los buzos, Sequeiros expresó que "el Ministerio de Seguridad nos hace hacer una carpeta con un expediente y el plan de contingencia para permitirnos hacer cenas de egresados, y nos mandan inspectores a todas las cenas que hacemos".
