Luego de un prolongado "silencio" la causa en la que se investiga a un grupo de personas como integrantes de una banda que supuestamente falseaba certificados de discapacidad para ANSES en San Rafael registró avances en las últimas horas. La novedad es que a 9 personas se les dictó el procesamiento, dos de ellas en la modalidad de prisión preventiva, aunque en condición domiciliaria.
Por el caso de los certificados truchos de ANSES en San Rafael procesaron a nueve personas
La investigación había comenzado en abril a cargo de Ignacio Sabas, de la Fiscalía Federal de San Rafael y quien dispuso los procesamientos ahora fue el juez federal Eduardo Puigdéngolas.
Entre los involucrados en esta causa hay médicos, abogados y empleadas del hospital Schestakow. Se les endilga el delito de asociación ilícita.
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Son 9 los procesados en la causa de los certificados truchos en San Rafael
Quedaron procesados sin prisión preventiva Sonia del Carmen Rodríguez, Ernesto Dionisio Ochoa, Francisco Navarro, Carla Micaela Ochoa, Eva Antonia Bravo, Damian Fernandez Bianchi y Sergio Luis Pascuttini. Procesadas con prisión preventiva (domiciliaria) quedaron Norma Beatriz Bravo y Claudia Silvina Bustos. La primera, conocidad como "Mamá Norma" es considerada como la cabecilla de esta supuesta banda.
Javier Alberto Hernández fue sobreseído por falta de mérito.
Ernesto y Carla Ochoa son abogados y Damián Fernández y Sergio Pascuttini son médicos, igual que el sobreseído Hernández.
Una oferta "tentadora"
La líder de la asociación (Norma Bravo) ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado nacional a cambio de sumas que rondaban entre los $40.000 y $50.000 por cliente.
Según la acusación "Mamá Norma" actuaba de gestora y contaba con la complicidad de los médicos investigados, abogados y dos gestoras que se hacían pasar por agentes de ANSES.
La mujer solía frecuentar una policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos desde donde sus directivos aclararon que no tienen relación con la modalidad delictiva. Pero era en ambos establecimientos sanitarios donde se ofrecían este tipo de servicios, que según testigos, habían comenzado en marzo pasado. Desde el efector público se convirtieron en querellantes.
Medios de comunicación de San Rafael describieron a Norma Bravo como una mujer amable y carismática, que contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados.
Las investigaciones iniciales indican que esta banda operó durante por lo menos 10 años lo que dificulta establecer el monto de las estafas contra el Estado.
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