Hace al menos tres meses que la Justicia Federal investiga en San Rafael a una presunta banda de falsificadores de certificados de discapacidad de ANSES que aparentemente usaban esos documentos para tramitar pensiones truchas. Cinco de las personas que la integrarían son empleados del hospital Schestakow, el centro cabecera del Sur mendocino.
El hospital Schestakow inició una investigación por los certificados truchos de discapacidad
En diálogo con Radio Nihuil, el director del hospital, Fabián Mora, explicó cómo se ha involucrado la institución que dirige para determinar si hubo irregularidades administrativas por parte de estas 5 personas.
Con respecto a la situación laboral de estos empleados, Mora confirmó que, de los cinco, sólo dos no están yendo a trabajar porque están detenidos en el penal. Pero también dijo que no ha podido hablar con ninguno de ellos.
Qué se sabe de los cinco imputados del hospital
Según manifestó Mora, la Justicia Federal no le ha dado ningún tipo de explicaciones a la dirección del Schestakow acerca de la investigación. Todo lo que sabe, lo sabe por trascendidos y por lo que ha estado informando la prensa.
Sin embargo, confirmó que una parte de los 11 allanamientos que se realizaron, se hizo en el hospital que dirige.
"Tenemos a dos personas administrativas y a tres médicos que fueron imputados y están siendo investigados. Desconocemos cuáles son los pasos de la Justicia. Nos pusimos a disposición para todo lo que necesiten y no tenemos mucho más para decir, porque lo que sabemos de la causa, lo sabemos a partir de lo que se informa en los medios", afirmó el funcionario.
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A estos dichos, Mora sumó que ellos -por el hospital- ni siquiera estaban al tanto de que hubiera personal del Schestakow dentro de la investigación.
Pero sí confirmó lo que la Policía secuestró cuando allanaron las oficinas de Salud Laboral del hospital: se llevaron todas las computadoras y toda la documentación que había sobre los certificados médicos obligatorios.
Y remató: "Nosotros brindamos todo lo que nos pidieron y nada más. La verdad es que no hemos recibido ningún otro tipo de información".
Lo que sí están haciendo dentro de la institución es una investigación administrativa, que va en paralelo a la investigación judicial y no tiene nada que ver con esta. Lo que se hace es determinar cuáles eran las tareas que realizaban tanto las personas de administración como los médicos y si se detecta alguna irregularidad, las decisiones que toma el hospital son de tipo laboral.
Al respecto de la situación, Mora sostuvo, a título personal, que se siente muy mal, "como podría sentirse cualquier persona que pasa por una situación similar", pero que no ha tenido comunicación con los imputados y por este motivo, estaba imposibilitado de brindar más información al respecto.
Cómo se tramita un certificado de discapacidad en ANSES
Acerca del procedimiento administrativo que se sigue para realizar un certificado de discapacidad, Mora explicó que lo primero que se solicita es un certificado médico obligatorio, que debe ser firmado por el médico de cabecera de la persona que lo solicita.
Este es recepcionado en el hospital y allí hay un médico de Salud Laboral que lo audita.
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El director agregó que el profesional a cargo de dar el visto bueno para la obtención del certificado no se basa solamente en lo que firma el médico de cabecera, sino en los estudios que se presentan al mismo tiempo que este documento.
"Lo que hace el auditor es dar su opinión sobre esos estudios que se están presentando. No se limita a avalar el grado de incapacidad que brinda el médico de cabecera, sino que él da su opinión de lo que cree que debería corresponder a cada persona y todo eso se carga en ANSES, que es la encargada de dar el certificado final", explicó.
En qué consistía la presunta estafa a ANSES
Según la investigación de la Justicia Federal, ocho personas residentes en San Rafael se dedicarían a falsificar certificados de discapacidad. Lo que supuestamente ocurría es que se tramitaban estos certificados para gente que no los necesitaba, y a cambio, se les cobraba a ellos una parte del beneficio. Algunos medios sureños aseguraron que el pago para iniciar el trámite oscilaba entre los $40.000 y los $50.000.
En cuanto a las funciones que cada uno de los 8 imputados tendría dentro de la banda, unos captaban a personas que no recibieran ningún tipo de beneficios -pensiones u otra asistencia estatal mientras, otra parte sería la que realizaba la parte administrativa: conseguir los avales médicos y los estudios para generar el beneficio.
Esta última sería la etapa que se realizaba en el Schestakow.
En los allanamientos se secuestraron más de 70 cajas de medicamentos, $462.650, 400 dólares, una gran cantidad de recetarios médicos, 10 computadoras, una tablet, 10 celulares y varios documentos que son de interés en la causa.
Los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia en la causa caratulada como defraudación a la administración pública y asociación Ilícita.






