Con mucha cautela y dejando las pasiones momentáneas de lado, el colectivo feminista que defiende los derechos, y por sobre todo exige la protección de la vida de sus integrantes, consultó a sus bases, y en su mayoría decidieron no caer en sentimientos vengativos, sobre todo cuando se pone en peligro los derechos humanos básicos. La agrupación Ni Una Menos Mendoza decidió por voto de sus integrantes separarse de los pedidos para bajar la edad de imputabilidad, como disparó el caso del femicidio de Lucía Fernández.
Lucía Inés Fernández salió de su casa el martes 24 de agosto para ir a la escuela -aunque luego se supo que no tenía clases- y luego fue encontrada asesinada y desfigurada en un baldío de Maipú.
El femicidio de Lucía Fernández conmueve a Mendoza y ha movilizado a la sociedad.
Foto: Martin Pravata/ Diario UNOLucía Inés Fernández sufrió un cruentísimo ataque que terminó con su vida el pasado martes (24). Las investigaciones encontraron un hilo conductivo en la investigación, que apunta como posible asesino a un chico de 14 años. La policía hizo un allanamiento y lo detuvieron, encontrando elementos incriminatorios contundentes para la investigación. Pero por tratarse de un menor de edad no se lo puede imputar ni condenar. La causa pasó a manos de la justicia Penal de Menores.
Esta situación disparó la recurrente polémica que sostienen muchos sectores de nuestra sociedad, donde se pide la baja de edad de imputabilidad -de 16 a 14 años-, y los más extremistas, incluso que se instaure la pena de muerte para casos similares al de Lucía Fernández.
La agrupación feminista Ni Una Menos de Mendoza, separó aguas, y pese a sostener la defensa de la mujer, y pedir justicia, no concuerda con las peticiones extremistas de castigo y por ello, en una asamblea y por votación decidieron dejar en claro su postura referida a la baja de edad de imputabilidad en un documento titulado No en Nuestro Nombre.
El documento aclaratorio de Ni Una Menos Mendoza
NO EN NUESTRO NOMBRE
Desde el Colectivo Ni Una Menos Mendoza -conformado por más de 70 organizaciones sociales y políticas de mujeres, lesbianas, mujeres trans, travestis, no binaries y compañeras y compañeres de diferentes orígenes, constituidas en asamblea soberana en el mes de agosto de 2021, por acuerdo unánime y en base a principios y acuerdos políticos que nos congregan, confirmamos nuestras convicciones y manifestamos que:
La historia del movimiento feminista, transfeminista y de diversidad, es parte de la historia del movimiento de protección de los derechos humanos. En este sentido, creemos oportuno manifestar públicamente que para nosotrxs, promover estrategias punitivas demagógicas, como la BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD, que legitiman la selectividad del sistema penal y la situación de abandono en la que se encuentran las niñeces y adolescencias en nuestra provincia, no es una alternativa posible.
No aceptamos que utilicen nuestras muertes como argumento para ampliar el Estado policial en el que vivimos.
Como Ni Una Menos Mendoza advertimos que, si el primer paso es bajar la edad de imputabilidad, el segundo paso será la pena de muerte. Y como nuestra historia es también la historia del movimiento de derechos humanos, en consonancia con una historia de lucha común, queremos manifestar públicamente que para nosotrxs, estas no fueron antes ni son ahora, salidas políticas posibles, sino siniestros retrocesos en garantías democráticas que no vamos a negociar, al calor de los oportunismos electorales para la Mendoza sin memoria.
Nuestro derecho a una vida libre de violencias requiere del Estado una respuesta integral, que aborde las problemáticas estructurales e históricas, que tienen su origen en el sistema patriarcal y sirven de contexto para legitimar las violencias que padecemos.
En este sentido:
Reclamamos – como lo venimos haciendo desde el año 2006- el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral, cuyos objetivos se centran en la formación científica, la prevención de problemas de salud y la promoción de la igualdad de trato y oportunidades, previniendo situaciones de violencia y abusos.
Reiteramos nuestro reclamo por la falta de asignación presupuestaria adecuada para abordar la prevención de las violencias de género.
Sostenemos que el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela requiere entender la trascendencia que tiene en nuestras vidas que la gestión pública se desarrolle bajo un paradigma que contemple la perspectiva de género.
Necesitamos respuestas y políticas públicas urgentes, por lo que exigimos una Ley Provincial de la Emergencia en Violencia.
Queremos y reclamamos un ESTADO SOCIAL PRESENTE y una Justicia con perspectiva de género.
Queremos y reclamamos políticas públicas que garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias.
¡LUCÍA PRESENTE!
EL ESTADO ES RESPONSABLE
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