La acumulación de ropa usada en el norte de Chile ha pasado de ser un problema paisajístico a una crisis ambiental con implicancias políticas. Mientras la justicia ordena al Estado reparar el daño, lo cierto es que el descarte de ropa no se detiene, y el que lo sufre es nada menos que el Desierto de Atacama.
El Desierto de Atacama sufre una crisis ambiental.
El Desierto de Atacama, específicamente en la zona de Alto Hospicio, se ha consolidado como el epicentro de uno de los desastres ecológicos más simbólicos, con ropa usada como la principal protagonista.
Toneladas de ropa usada en el desierto
Con el puerto de Iquique como principal puerta de entrada, recibiendo anualmente entre 120.000 y 180.000 toneladas, Chile se convertió en el cuarto importador mundial de ropa de segunda mano.
Sin embargo, el destino de gran parte de estos residuos es el propio Atacama, considerado el mayor basural textil de América Latina y uno de los símbolos más visibles del impacto global de la moda rápida.
La escena que se repite en el norte de Chile muestra montañas de prendas de vestir, muchas nuevas y otras de segunda mano, desechadas en pleno desierto, y lo cierto es que esto es altamente peligroso.
No es solo basura: es contaminación química. La mayoría de estas prendas contienen poliéster, un derivado del petróleo que libera microplásticos y tarda siglos en degradarse.
Los incendios intencionales en estos vertederos, comunes para liberar espacio, emiten gases altamente tóxicos que afectan a las comunidades cercanas.
La intervención del Estado chileno
A finales de 2025, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta emitió un fallo sin precedentes: condenó al Estado de Chile por su responsabilidad en el daño ambiental significativo en el Desierto de Atacama.
La sentencia obliga a las autoridades a implementar un plan de reparación de 10 años, que incluye el retiro seguro de la ropa y la restauración de los suelos contaminados por fibras sintéticas y químicos.
Sin embargo, la resolución ha generado una fuerte disputa. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha buscado anular la sentencia mediante recursos judiciales, mientras organizaciones como la Fundación para la Democracia Internacional denuncian que cada día de retraso profundiza la herida en el ecosistema.
A esto se suma un vacío legal crítico. Normativas que antes prohibían o limitaban estas importaciones para proteger la industria y el ambiente han quedado obsoletas o sin prorrogar, permitiendo que el desierto siga recibiendo excedentes de Estados Unidos, Europa y Asia.