La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva este martes al proyecto que modifica la Ley de Tránsito provincial(9.024) y ya no será necesario circular con documentos físicos, sino que se podrá utilizar la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro obligatorio en formato digital.
La Legislatura de Mendoza modificó la Ley de Tránsito y ya no se exigirá documento físico
La Ley de Tránsito habilitó el uso de licencias, cédulas y seguros en formato digital y se elimina la obligación de renovar la licencia por cambio de domicilio
Otro de los cambios que se introdujeron es que no hará falta realizar una actualización de la licencia de conducir si se produce un cambio de domicilio del titular.
La iniciativa fue impulsada por los diputados Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) y lo que busca es modernizar el sistema vial provincial, reducir la carga burocrática y adecuar la normativa a los estándares nacionales de seguridad.
La propuesta había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Las modificaciones a la Ley de Tránsito de la provincia (9024) fueron aprobadas por amplia mayoría en el Senado y remitidas al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Documentación digital y controles más ágiles
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que la reforma “actualiza tres artículos clave de la Ley 9024 y tiene como eje la simplificación de trámites y la incorporación de herramientas digitales”. Según el legislador, el objetivo es “facilitar la vida de los conductores, garantizando al mismo tiempo la transparencia y eficiencia en los controles viales”.
Uno de los cambios más importantes se introduce en el artículo 40, que regula los requisitos de los documentos durante los controles viales.
A partir de la reforma, los conductores podrán acreditar la licencia de conducir, la cédula del vehículo y el comprobante de seguro obligatorio tanto en formato físico como digital, a través de las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras.
De esta manera, ya no será necesario portar versiones impresas, siempre que puedan mostrarse en un soporte electrónico válido. La medida busca agilizar los procedimientos de fiscalización y adaptarse al sistema digital que ya rige en la mayoría de las jurisdicciones del país.
Simplificación en la acreditación del seguro
El artículo 43 también fue modificado. Desde ahora, los conductores podrán presentar la póliza, la credencial o el comprobante de pago del seguro en cualquier formato, sin necesidad de tener que presentar documentaciones adicionales.
“Esta nueva redacción evita demoras y sanciones injustificadas, al tiempo que garantiza que la autoridad de control pueda verificar de forma rápida y confiable la vigencia del seguro”, señaló Marcolini durante el debate.
Cambio de domicilio sin renovar la licencia
Otra modificación significativa recae sobre el artículo 21, vinculado al cambio de domicilio.
Hasta ahora, quienes mudaban su residencia dentro de la provincia debían actualizar la información en un plazo de 90 días y, en caso de no hacerlo, rendir nuevamente el examen de manejo.
Con la nueva normativa, ya no será necesario renovar la licencia por cambio de domicilio dentro de Mendoza: el documento conservará su validez hasta la fecha de vencimiento, sin importar el municipio de residencia.
Esta medida apunta a evitar trámites repetitivos y reducir la carga administrativa de los municipios, además de otorgar coherencia al sistema nacional de licencias.
Amplio apoyo a la modernización del sistema vial
El proyecto tuvo buena recepción y amplio respaldo político tanto en Diputados como en el Senado provincial.
El senador Valentín González (La Unión Mendocina) destacó que las reformas “mejoran la experiencia de los usuarios del sistema vial, eliminando trabas que no aportaban a la seguridad”.
Por su parte, Pedro Serra (Partido Justicialista) valoró que la iniciativa “promueve el uso de tecnologías que facilitan la fiscalización y aportan claridad normativa”.





