Imputabilidad de menores: Gobierno e Iglesia Católica acordaron trabajar con la Justicia
El objetivo es sumar a jueces penales juveniles para acordar acciones entre los tres sectores si la ley se aprueba. La idea es poner el acento en la prevención
Con respecto a la baja en la edad de imputabilidad de menores, la intención de trabajar juntos Iglesia y Estado, sumando al Poder Judicial, es ampliar la mirada para que el foco no esté puesto solo en lo punitivo.
El Gobierno provincial y la Iglesia Católica avanzaron en la conformación de una mesa de trabajo junto al Poder Judicial para analizar cómo se aplicaría en Mendoza la eventual baja de la edad de imputabilidad de menores, que pasaría de 16 a 14 años si el proyecto obtiene sanción definitiva en el Congreso.
El acuerdo surgió tras una reunión entre autoridades del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y representantes del Arzobispado de Mendoza. Según confirmó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez, el objetivo es comenzar a coordinar criterios con jueces con competencia penal juvenil si la norma se aprueba -cosa que puede suceder este viernes en el Congreso de la Nación-.
Anticipar la implementación de la baja de imputabilidad
La funcionaria explicó que durante el encuentro se definió avanzar en un espacio de articulación que incluirá al Poder Judicial, con participación de magistrados del fuero penal juvenil. La iniciativa fue impulsada tras el diálogo iniciado por la Iglesia, que planteó la necesidad de abordar la posible baja en la edad de imputabilidad de los menores -pasaría de 16 a 14 años- desde una mirada preventiva y no únicamente punitiva.
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Darle más posibilidades de realizar actividades artísticas y recreativas a los jóvenes internos en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil es una de las propuestas a trabajar
Foto: Ministerio de Educación
Según detalló Álvarez, la intención es empezar a discutir aspectos operativos y criterios de aplicación para evitar improvisaciones si finalmente se aprueba la ley nacional.
Cómo funciona hoy el sistema penal juvenil en Mendoza
La subsecretaria explicó que la provincia cuenta desde hace años con un sistema de responsabilidad penal juvenil que trabaja con equipos interdisciplinarios y medidas diferenciadas según cada caso judicial.
Actualmente hay 48 adolescentes privados de libertad, todos entre 16 y 18 años, mientras que otros jóvenes cumplen medidas alternativas sin internación, bajo supervisión y acompañamiento en sus comunidades.
Estos equipos realizan seguimiento individual, familiar y comunitario con el objetivo de favorecer la reintegración social y educativa de los jóvenes, además de monitorear el cumplimiento de las medidas dispuestas por los jueces.
Qué cambiaría si baja la edad de imputabilidad
Si el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores se convierte en ley, Mendoza debería adaptar parte de su estructura. Álvarez señaló que el principal desafío será ampliar espacios de internación y fortalecer los equipos especializados que intervienen en estos casos de imputabilidad de menores.
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Chicos que no han tenido acceso a derechos desde la infancia, estos son los más vulnerables y que pueden terminar en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
Prensa ministerio de Educación
La funcionaria indicó que también será necesario contar con mayor presupuesto para infraestructura, personal y programas de inclusión vinculados a educación, deporte y capacitación, recursos que deberían provenir en parte del Gobierno nacional.
Aunque reconoció que podría aumentar la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil, sostuvo que la provincia ya trabaja con una perspectiva de derechos y prevención que no sería nueva frente al cambio normativo.
Prevención y acceso a derechos, el eje del planteo
Álvarez consideró que centrar el debate únicamente en la edad de imputabilidad implica un diagnóstico incompleto del problema. Según explicó, la mayoría de los jóvenes que llegan al sistema penal juvenil atraviesan trayectorias marcadas por la falta de acceso a derechos básicos y situaciones de violencia.
En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento familiar, el acceso a la educación y la atención en salud mental como herramientas fundamentales para evitar la reincidencia y promover la inclusión social.
El Gobierno y la Iglesia acordaron convocar al Poder Judicial a esta mesa de trabajo, que buscará avanzar en esos lineamientos ante la inminente aprobación del proyecto nacional.
