De los estatales echados, seis eran del Ministerio de Seguridad; otros cinco del Ministerio de Salud; y dos de la DGE.
Estatal echado por homicida
Pedro Pablo Tormo Lima, exagente del Ministerio de Salud, fue cesanteado “en el marco de una causa penal por homicidio simple”.
El hombre, que era chofer de ambulancias, fue condenado en 2021 a 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual por matar a un Yamil Exequiel Tellez manejando borracho.
Durante el proceso, se comprobó que, en las primeras horas del 1 de mayo de 2019, Tormo conducía un Fiat UNO con 1,70 gramos de alcohol en sangre y que, a alta velocidad, se cruzó de carril y chocó a una motocicleta de baja cilindrada, manejada por Tellez, que también estaba alcoholizado.
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Pablo Tormo, el agente estatal echado por matar conduciendo en estado de ebriedad.
Producto de las lesiones, el motociclista estuvo cuatro días internado en el Hospital Central, donde finalmente murió.
El juez Mateo Bermejo lo halló culpable de homicidio simple y lo condenó a 9 años de prisión. Al momento de la sentencia, el chofer ya llevaba dos años detenido.
En la actualidad, sigue preso y aún le quedan por enfrentar 2 años y 7 meses de pena; aunque para el mes que viene está programada su audiencia de libertad condicional.
Otras cesantías de estatales mendocinos
Los otros cuatro echados del Ministerio de Salud eran agentes del Hospital Central y del Lagomaggiore:
- Gonzalo Alejandro Leschuck, Hospital Central: cesantía por faltas
- María del Rosario Gatica, médica del Hospital Lagomaggiore: cesantía por reiteradas inasistencias.
- Joel Ignacio Sebastián Villalba, licenciado del Hospital Central: cesantía confirmada por incumplimiento de obligaciones laborales.
- Sergio Veas, exagente del Hospital Lagomaggiore: cesantía ratificada tras rechazo de recurso.
Los cesanteados de la Dirección General de Escuelas son Ángel Jesús Hernández, ordenanza celador titular, echado por incumplimiento de funciones; y Claudio Esteban Marchán, agente de servicios generales, echado por faltas graves.
Según explicaron desde la DGE, esas faltas fueron ausencias reiteradas, abandono de tareas y negligencias graves que afectaron el normal funcionamiento de establecimientos educativos.
Y los estatales expulsados del Ministerio de Seguridad fueron exauxiliares, un agente de custodia del Servicio Penitenciario, un oficial inspector y un suboficial subayudante. Los principales motivos argumentados fueron faltas graves al Régimen Disciplinario Policial, conductas incompatibles con el cargo, incumplimiento de deberes funcionales y desobediencia a normas de servicio.