Se estima que, a través de su análisis, este material podría proporcionar pistas sobre el Holocausto y el financiamiento de la presencia nazi en Argentina.

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Un descubrimiento tan histórico como inesperado

El descubrimiento se produjo la semana pasada en el subsuelo del Palacio de Justicia, ubicado en la calle Talcahuano 550, donde funciona el archivo de la justicia nacional y federal argentina.

Como se dijo antes, todo sucedió en un contexto de proceso de mudanza con vista al inicio de las obras para el futuro Museo de la Corte Suprema. Al abrir una de las cajas se detectó que se trataba de material que buscaba consolidar y expandir las ideas de Adolf Hitler en la Argentina.

Entre el material hallado se encuentran centenares de carnés del partido nazi de Argentina, pasaportes y otros documentos. Incluso, muchos de ellos podrían contener la firma del mismísimo Adolf Hitler.

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El material del descubrimiento fue trasladado a una sala especialmente acondicionada en el cuarto piso de los tribunales, con cámaras de seguridad y custodia policial. Un equipo de investigación comenzó a evaluar la documentación, priorizando su cuidado. Se estima que realizar el inventario llevará semanas.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires ha sido convocado a la Corte Suprema para trabajar en la investigación y determinar la relevancia histórica del material.

Los investigadores aseguran que este descubrimiento puede llegar a esclarecer algunos sucesos vinculados al Holocausto, o ayudar a entender procesos más puntuales como la ruta del dinero nazi en el mundo.

El origen de la documentación

La historia de las cajas del descubrimiento se remonta al 20 de junio de 1941, cuando llegaron 83 bultos a bordo de un barco japonés llamado “Nan-a-Maru”, enviados desde la embajada alemana en Tokio.

La embajada alemana en Argentina los declaró “elementos de uso personal” para su personal diplomático, pero comenzó un tire y afloje con los funcionarios alemanes, quienes querían devolver los elementos a Tokio.

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La comisión legislativa pidió el secuestro de los bultos, pero el Ministerio del Interior y Cancillería lo rechazaron. Fue entonces que la comisión presentó una denuncia ante la Justicia, y el 13 de septiembre de 1941, pidieron al juez federal Miguel Luciano Jantus que ordenara la incautación.

Tres días después de esto, el juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, considerando que el caso involucraba directamente a un país extranjero y era de su competencia originaria. Y allí quedaron guardadas durante 84 años hasta su descubrimiento de la semana pasada.

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