El sacerdote Fernando Yañez es el responsable de la fundación Hogar de Niños San Luis Gonzaga, de la que depende el geriátrico que posee en Monte Comán, San Rafael, en donde fallecieron en junio 15 ancianos, 13 de ellos de Covid, luego de un brote que infectó a más de la mitad de los alojados allí.

Ahora la Justicia investiga cómo ocurrieron esos decesos, 10 de los cuales no habían sido informados al Ministerio de Salud, y busca dilucidar cómo una médica que no habría estado en el geriátrico terminó firmando los certificados de defunción.

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De esas investigaciones y de un par de declaraciones de ancianos alojados en el geriátrico -que serán citados en breve-, dependerá la imputación con la que avanzaría la Segunda Fiscalía, que comanda el fscal Javier Giaroli, contra Yañez: homicidio culposo u homicidio simple con dolo eventual, una calificación mucho más dura, que podría hacer que el religioso pasara de 8 a 25 años en la cárcel.

De los 26 ancianos que según el Ministerio de Salud estaban alojados en el lugar, hasta este 30 de junio fallecieron ya 15 personas, hasta el viernes eran 14 las víctimas fatales, pero el fin de semana murió otro abuelo. Ninguno de ellos había recibido ni siquiera una primera dosis de alguna vacuna contra el Covid, y este punto parece ser una de las claves de la investigación judicial. Sucede que esos ancianos deberían haber sido inoculados en marzo, pero en ese momento Yañez dijo no tener las autorizaciones de los familiares de esos abuelos para poder colocarles la vacuna.

Según el Ministerio de Salud, el religioso se presentó con esa documentación recién el 31 de Mayo, y la vacunación estaba prevista para el 6 de Junio, pero a esa altura ya había detonado en el geriátrico el brote de Covid que le costó la vida a 13 de esos ancianos.

En la mira de la Justicia está determinar si la falta de vacunación de esos ancianos no respondió a una "postura antivacunas" y no a la presunta falta de autorización de los familiares de los ancianos.

La Justicia también puso la lupa en la asistencia médica que recibieron esos ancianos y cómo se actuó en los casos que presentaron mayor gravedad. Pretende confirmar por qué no se los trasladó a un hospital y también cómo se realizaron los trámites post mortem. Es que uno de los interrogantes más fuertes que tienen hoy en la fiscalía, es cómo se realizaron los obligatorios trámites para informar los decesos de los ancianos, ya que hay dudas sobre la firma de los certificados de defunción: presumiblemente tendrían la rúbrica de una médica que no estaba en el geriátrico en los días en que se produjeron las muertes.

Sucede que en la fiscalía saben que no tienen tiempo que perder porque los testigos clave son personas añosas con problemas de salud, y también porque pretenden evitar que a esos testigos se los pueda presionar para inclinar su declaración, por tanto se podría dar una anticipación del juicio y el mismo Yañez se citado a declarar en las próximas horas.