En el Día de la Sanidad, AMPROS reclamó el pase a planta permanente de 2.000 trabajadores

"Estamos en la Legislatura porque creemos que la participación de los legisladores es muy importante. Algunos han presentado un proyecto de ley para la creación de cargos de los más de 2.000 profesionales que llevan más de 7 años en negro", dijo Iturbe.

"Es increíble. Ellos son prestadores, no tienen derechos, ni obra social o aportes jubilatorios. Ellos vienen de lunes a lunes, trabajan con población a cargo. Necesitamos que existan concursos, pero para eso tienen que crear los cargos. Si no, no hay ingreso a la salud pública", continuó explicando la Secretaria General de AMPROS.

¿Cuáles son los ejes principales del proyecto de ley?

Desde AMPROS aseguraronn que los ejes principales de este proyecto de ley son los siguientes:

1. No es un pase a planta automático. El proyecto se basa en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (ley 7.759) y distingue entre planta titular, interina, de reemplazo y temporaria. La regularización es interina, con registración, retribución regular, aportes previsionales, obra social, ART, licencias y evaluación de desempeño. La estabilidad plena solo se alcanzará mediante concursos de antecedentes y oposición.

2. Concurso con plazos obligatorios. Impone al Poder Ejecutivo la obligación de realizar en 90 días un relevamiento integral de los profesionales comprendidos y de convocar los concursos correspondientes, con prioridad en áreas críticas. Si no cumple, deberá informar a la Legislatura las razones y un nuevo cronograma. Es una solución legislativa, no por resolución ministerial, aprendiendo de la experiencia del amparo de AMPROS contra la resolución 3.448/2014.

3. Coherente con la legislación vigente. El diseño es compatible con la reciente reforma del Estatuto del Empleado Público (ley 9.665), que incorporó la figura del personal interino bajo condición resolutoria hasta la cobertura por concurso. El proyecto respeta esa lógica y no genera titularización automática.

4. Requisitos. Se exige título habilitante, matrícula vigente, aptitud, prestación efectiva y una antigüedad mínima de 6 meses continuos o alternados en los últimos 2 años. Para acreditarla, se podrá usar cualquier modalidad de vinculación (contrato, locación de servicios, facturación, beca, guardia), entendiendo la realidad precaria del sistema. Quedan excluidos quienes tengan inhabilidades, incompatibilidades o ingreso fraudulento.

5. Respaldo jurídico y fiscal. La propuesta se sustenta en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Madorrán, Asociación Trabajadores del Estado, Aquino, Milone, Arcuri Rojas, Ramos y Cerigliano) que consagran la tutela del empleo público, la progresividad de derechos y la intangibilidad del salario. El financiamiento se hará con partidas existentes y criterios de sustentabilidad fiscal.