El caso y los dólares
La pesadilla comenzó cuando Grau, que alquila vehículos a empresas mineras, revisó el estado de sus cuentas bancarias a través del sistema homebanking.
Ahí descubrió que su cuenta en dólares había sido vaciada y que los 8.500 dólares que guardaba para invertir en una camioneta habían desaparecido.
Más aun: advirtió que esa suma había sido pesificada al tipo de cambio oficial y que el producto de esa conversión había sido transferida a su caja de ahorro en pesos.
A continuación recibió otro mazazo: sus ahorros en pesos habían sido destinados, parcialmente, a la cancelación de boletas de servicios públicos en otras provincias y al pago de resúmenes de tarjetas de crédito a nombre de personas de Tucumán y otras provincias. Nada que ver con él, agregó.
"Es una estafa clarísima y el banco ICBC no se hace cargo", reclamó públicamente tras haber radicado la denuncia judicial en Delitos Económicos.
El denunciante reclamó que el banco le devuelva el depósito en dólares, tal como, asegura, estaban en su cuenta hasta que se produjo la maniobra.
"Es evidente que falló el sistema de seguridad informático", aseguró.
"Quiero creer que es un jaqueo desde fuera del banco y no desde adentro, porque esto sería gravísimo" "Quiero creer que es un jaqueo desde fuera del banco y no desde adentro, porque esto sería gravísimo"
Un antecedente
En mayo de 2021 se detectó y denunció el escandaloso robo hormiga a cientos de jubilados mendocinos que cobran sus haberes en el Banco Nación y bancos privados.
Casi a diario, todos habían sido despojados de a $100, $300 y hasta $1.000 diariamente y los tickets les informaban que se trataba de compras abonadas a través de la billetera virtual Mercado Pago.
Cuando el caso llegó a los diarios y la Justicia comenzó a practicar allanamientos y a pedir documentación, el Banco Nación reaccionó y devolvió el dinero despojado a cada cliente, bloqueó sus tarjetas de débito y repuso los plásticos.
La investigación estuvo en manos de Delitos Económicos, que descubrió que las maniobras habían sido ejecutadas vía internet desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Meses después, la pesquisa pasó a manos de la Justicia Federal porque todo lo que sucede en el Nación es un delito de competencia federal.
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