La Subsecretaría de Trabajo informó que la empresa constructora de Florentino Paco "incumplió leyes laborales y de higiene y seguridad en el trabajo desde 2016 a la fecha".
La Subsecretaría de Trabajo informó que la empresa constructora de Florentino Paco "incumplió leyes laborales y de higiene y seguridad en el trabajo desde 2016 a la fecha".
El organismo estatal a cargo de Carlos Segura informó, a través de un comunicado, que la firma Idandi SA, responsable de la construcción y venta de desarrollos inmobiliarios en Guaymallén, nunca se defendió frente a las actas de infracción elaboradas por los inspectores.
En agosto de 2022, durante un operativo simultáneo en varias obras, Trabajo emplazó a Idandi SA a realizar los descargos administrativos pertinentes a raíz de las irregularidades detectadas.
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Trabajo detectó "falta de registración de los trabajadores relevados, deficiencias en las instalaciones eléctricas, falta de elementos de protección personal y malas condiciones higiénicas", según informó este jueves sin detallar cantidades ni fechas de las inspecciones ni de las actas. Tampoco de los importes de las multas en dinero.
Las multas en dinero posteriormente labradas a la empresa de Florentino Paco, responsable de la empresa Idandi SA, "están en vía de apremio".
La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza explicó que sus facultades son únicamente "inspeccionar y verificar las condiciones de los trabajadores y los vínculos de la relación laboral con sus empleadores".
El constructor Florentino Paco está en la picota desde este martes, cuando un niño de 6 años murió en Guaymallén al caer a un pozo en un predio con maquinarias y viviendas edificadas por la empresa Idandi SA. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Torres, de Homicidios.
La tragedia sacó a la luz algo que en Guaymallén era evidente desde hace años: la explosión de desarrollos inmobiliarios construidos en tiempo record por obreros de la comunidad boliviana al mando de Paco y al margen de las leyes laborales.
Todo esto también fuera de las leyes municipales y sin aprobaciones de factibilidad, lo que en 2021 activó una presentación de la comuna en la Justicia, que finalmente fue archivada.
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