El obispado de San Rafael comunicó que el presbítero Fernando Yáñez, fue dimitido del estado clerical.
A pesar de que recientemente fue absuelto por la Justicia de las acusaciones de abusos sexuales a menores de edad que caían sobre él, la Iglesia lo sancionó con la máxima pena que impone la ley penal canónica a un sacerdote, por hallarlo culpable de tres delitos canónicos.
La decisión se adoptó tras constatarse la certeza de las acusaciones que pesan sobre el sacerdote por: desobediencia pertinaz; ejercicio ilegítimo de una función sacerdotal y suscitar públicamente aversión y odio contra la Sede Apostólica o al obispo.
En razón de esta sentencia, Yañez no podrá realizar ningún acto ministerial, ni usar vestimenta eclesiástica, ni reclamar para sí ningún privilegio que el derecho disponga a los clérigos. Si bien sigue siendo sacerdote, Yañez queda inhabilitado para ejercer su ministerio.
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