Los feriantes del Mercado del Usado, de Guaymallén, realizaron este miércoles una presentación judicial para que el Gobierno de Mendoza los deje trabajar ya que desde el 20 de marzo están paralizados a raíz del aislamiento social obligatorio.
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El abogado Omar Fornetti explicó a Diario UNO que él y dos colegas más -Silvia Ippoliti y Claudia Milanese- presentaron un recurso de amparo en contra del Gobierno de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los decretos por los cuales el Ejecutivo local dispuso una serie de medidas normativas "que cercenan derechos reconocidos y amparados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales".
La acción fue recepcionada en el 2° Juzgado Civil en turno, presidido por el juez Juan Pablo Civit.
De ser tenido en cuenta, el recurso podría sentar precedente, porque, si bien es contra el gobierno de Rodolfo Suarez, apunta a considerar a los decretos presidenciales como inconstitucionales.
Argumentos
Según el abogado, los decretos presidenciales, violan derechos constitucionales.
"No es potestad del Ejecutivo tomar este tipo de decisiones, al menos que se hubiera declarado un estado de sitio" "No es potestad del Ejecutivo tomar este tipo de decisiones, al menos que se hubiera declarado un estado de sitio"
Omar FornettiAbogado de los feriantes y uno de los autores del amparo
Fornetti agregó que si se toma en cuenta sólo la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay una serie de derechos menoscabados. Uno de ellos es a la libertad ambulatoria, pero también a la propiedad, al trabajar, a la igualdad, al accceso a la jurisdicción, derecho de reunión, a un nivel de vida adecuada, a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Mal sistema con buenas intenciones
Los argumentos del recurso reconocen, empero, las buenas intenciones de las medidas, al tiempo que sostienen que "sobrepasan la Constitución y de ninguna manera esto puede ser determinado por un decreto, sin ratificación legislativa".
Por otra parte, los notarios esgrimen en su presentación, que si bien en un primer momento las disposiciones tuvieron un tono de igualdad, no es así actualmente, cuando se les está dando paso a algunas actividades económicas y a otras no.
"Al impedirse ejercer el derecho a trabajar de los independientes (hay que sumar las empresas empleadoras que son responsables inscritos), se impide generar los ingresos para pagar impuestos y los salarios de los dependientes, sin perjuicio de que, por otra norma, se exige que pague impuestos, salarios y no pueda siquiera suspender dependientes por fuerza mayor", reza el texto del amparo.
