En Mendoza, 12 fiscales correccionales y personal policial tienen la tarea de hacer cumplir la cuarentena por coronavirus y eventualmente imputar y penalizar, una vez superado el plazo de encierro, a los ciudadanos que se resistan, como ha ocurrido en el Gran Mendoza y la zona Este.
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Bajo la coordinación del fiscal adjunto Gonzalo Nazar, al momento de actuar esos magistrados están avalados por el artículo 205 del Código Penal de la Nación que trata sobre los delitos vinculados con la salud pública.
Históricamente esa disposición casi no se aplica, pero que para esta ocasión es perfecta incluso en su redacción porque incluye a “quienes violen las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia”. Clarito.
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Seis meses a dos años de prisión prevé el Código Penal de la Nación para quienes violen la cuarentena colectiva dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y/o participen de aglomeraciones de personas en lugares públicos.
En la práctica
Los fiscales están distribuidos en el Gran Mendoza (5), la zona Este (3), la zona Sur y el Uco (4).
En la práctica, explica el fiscal adjunto, cuando se recibe la denuncia telefónica o presencial de que hay gente violando la cuarentena la fiscalía envía personal policial al domicilio para constatar la situación.
Las denuncias sobre personas que no cumplen la cuarentena pueden hacerse llamando al 0800 800 26843 (COVID) o al 911. O personalmente en la comisaría de la zona.
Si el denunciado tiene síntomas de coronavirus se le indica que deberá tratarse en un centro sanitario y encerrarse.
En caso de que no los tenga también se lo advierte y se le ordena el encierro porque están vigentes la ley y el decreto presidencial que lo establece.
Si aun así se resiste, la Justicia iniciará el expediente correccional. La instrucción avanzará cuando el plazo de encierro haya terminado, no durante el mismo.
Si la resistencia a cumplir la prohibición de circular por las calles persiste, la Fiscalía Correccional podrá ordenar que un policía quede como custodia en la puerta de la casa del rebelde.
Ya en el peor de los casos, explica Nazar, no se descarta la utilización de tobilleras electrónicas para asegurarse que no irá más allá del límite impuesto por ese mecanismo.