La sanción penal tuvo como contexto una serie de denuncias investigadas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que ubicó a la mujer como responsable de pedir documentación y dinero por adelantado, para una supuesta entrega de una casa del plan nacional de viviendas Procrear. El denominador común de las víctimas era una situación de vulnerabilidad: generalmente se trataba de familias de escasos recursos, con muchos hijos y sin un hogar propio, generalmente marginados de los planes de vivienda.
Fueron unas 76 las causas abiertas contra Soledad Díaz, la mayoría de ellas con un mismo modus operandis: pedir $1.500 pesos por adelantado y documentación personal para adjudicar una vivienda Procrear. De acuerdo a una de las denuncias, Díaz otorgaba a una mujer que resultó víctima "prioridad en la entrega por encontrarse alquilando y tener seis hijos". El contrato apócrifo se completaba con el pago mensual de $1.000 durante 30 años por parte de las víctimas.
El circuito de la estafa incluía un recorrido por algunas de las viviendas que nunca serían entregadas. Esto es lo que se pudo probar del secuestro de tres teléfonos celulares que la condenada tenía en su poder, de donde los investigadores obtuvieron fotografías que mostraban a Díaz exhibiendo viviendas en complejos Procrear, siempre por fuera. Así, hay al menos 5 imágenes en donde se ve a la victimaria mostrando casas acompañada de quienes a la postre serían sus víctimas.
La carga probatoria por el Ministerio Público Fiscal requirió también informes al Banco Hipotecario y al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única (Procrear), que confirmaron que Díaz no tenía vínculo alguno con estas instituciones encargadas de administrar oficialmente los créditos.
Fuente: Servicio de Información Judicial Mendoza - SIJUM
