Hace casi 22 años Mendoza vivió la rebelión de policías más larga y tensa que se recuerde. Fueron cinco días en los que, como ahora en Buenos Aires, los uniformados se hicieron amos y señores de las calles, de las armas, de los patrulleros, de las esposas y de todas las herramientas de trabajo que el Estado y el Gobierno les proveen para cuidar a la ciudadanía.

La asonada comenzó oficialmente el lunes 19 de octubre de 1998 al atardecer, cuando distintas voces llamaron, a través de la radiofrecuencia policial, a la huelga, a abandonar de inmediato las comisarías. A salir a las calles para exigir mejores sueldos. De $400 a $1.000 por lo menos.

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La punta del iceberg de la rebelión había sido el asesinato del cabo Héctor Castillo, ocurrido veinticuatro horas antes, de una puñalada en la espalda, mientras controlaba los papeles de un automóvil en un puesto caminero del Gran Mendoza.

Sin embargo, para muchos, el detonante se había enquistado prácticamente un año antes, en octubre de 1997, cuando el estudiante Sebastián Bordón fue asesinado por policías en El Nihuil (San Rafael) y como consecuencia de aquel crimen y la altísima exposición mediática del caso, que desnudó severas acciones de corrupción y corporativismo, todos los policías y las autoridades políticas de la época (Ángel Cirasino era el ministro de Gobierno y jefe de las fuerzas policiales y de seguridad) fueron despedidas por el gobierno de Arturo Lafalla.

Se veía venir

Durante el sepelio del cabo Castillo, los periodistas que en 1998 teníamos cierto acceso a las novedades que circulaban en la radiofrecuencia policial comenzamos a darnos cuenta de que algo malo empezaba a gestarse.

Es que de pronto, insultos a la conducción política comenzaron a colarse en medio de los habituales partes y reportes de desplazamientos de patrulleros, de oficiales de servicio y de hallazgos de tales o cuales situaciones propias del ejercicio de la actividad. Después pudieron escucharse arengas más concretas. A pedir mejores sueldos. A conformar un sindicato policial. A marchar a la Legislatura. Esposados unos a otros. Portando las armas de fuego.

A la mañana siguiente el parate policial ya era un hecho y en pocas horas Mendoza se convirtió como en una provincia fantasma: se suspendieron las clases, los choferes de colectivos no quisieron salir a la calle por temor a la delincuencia sin obstáculos para hacer lo que quisieran; los bancos privados bajaron las persianas porque los policías que los custodiaban como servicio extra estaban en pie de guerra. Apenas el Nación atendía porque la custodia corría por cuenta de la Policía Federal.

Los policías amotinados llegaban por decenas a la plaza Independencia desde toda la provincia: el Este, el Sur, el Uco y el Gran Mendoza. Toda la provincia estaba desprovista de vigilancia. Un grupo de referencia se concentró en la entrada de la Legislatura provincial.

Las autoridades políticas se abroquelaron rápido, sin mirarse el color político. Para hallar la solución común a todos.

Lafalla, Carlos Balter (PD) y José Genoud (UCR) -con el apoyo de las espadas legislativas y partidarias más el pleno aval la Suprema Corte de Justicia, con la presidencia de Pedro Llorente- fueron un bloque monolítico, sin grieta posible: "Nadie puede atribuirse el derecho a alzarse en armas contra la ciudadanía que las provee para ser protegida".

También quedó clarísimo, más allá de todas las especulaciones de la época, que las fuerzas policiales y de seguridad no podían ejercer ninguna forma de sindicalización por estar encuadradas en un sistema de mando verticalista.

Asomaron tres caras visibles: una mujer y dos hombres. Y un alto jefe policial, Pedro Sánchez, que los llamó a razonar y a deponer las armas y la actitud rebelde para dar por iniciada una petición de mejoría salarial. Pero siempre dentro de los cauces permitidos. Sin violentar las leyes imperantes.

Se ganó en esperanza y en expectativa pero apenas un rato porque bastó que Sánchez terminara de decir lo suyo para que los rebeldes le dieran la espalda, literalmente, no solo a ese interlocutor sino a la Casa de las Leyes.

Carlos Menem era presidente de la Nación y la canasta básica de alimentos tenía un costo calculado de $1.100, lo que pretendían los policías alzados en armas para volver a trabajar.

Hubo marchas por las calles, sedes policiales vacías de uniformados y de armas, cabildeos entre políticos y abogados. Pero no había salida a la vista.

La figura del joven abogado Alejandro Cazabán -un niño mimado por Lafalla, que ya le había confiado asuntos complejos desde que llegó a la Gobernación en 1995- comenzaba a asomar en la escena política opacando al rivadaviense Félix Pesce, ministro de Gobierno de la época y jefe de la Policía que desplazó a Cirasino tras el caso Bordón.

Histórico fue el momento en que Lafalla, Balter y Genoud se sentaron frente a las cámaras en la Casa de Gobierno para decirle al país que "en Mendoza la seguridad es una política de Estado que nada podrá romper" y mucho menos los policías que estaban haciendo huelga con las armas en la cintura.

El desgaste de los levantiscos fue clave. También la fractura en esa cabeza conductiva. Era jueves 22 de octubre y daba la impresión de que un soplido sería suficiente para terminar con la revuelta policial.

El Gobierno ofreció un puñado de mejoras, pero el plan fue rechazado. Horas más tarde entregó una nueva propuesta, con algunos ítem retocados y fue largamente estudiada por los rebeldes: era un buen síntoma.

A esa altura de los acontecimientos, con todo el país atento al desenlace mendocino -como ahora, todos atentos a Buenos Aires- comenzaba a resolverse el problema y un claro indicio era que algunos policías se conformaban con que el Gobierno les garantizara el trabajo, que no los iban a exonerar de la institución.

El viernes 23 a las 9 de la mañana hubo acuerdo.

Aumento salarial, la promesa de que ningún policía sería sancionado y la conducción de la Policía de Mendoza quedaba ratificada. Estos y otros puntos quedaron escritos y fueron firmados por las partes y el Gobierno.

Bajo presión

Años después, durante la grabación del programa periodístico Documento Público, que se emitió por Canal 7, se le preguntó a Alejandro Cazabán porqué ese acuerdo no se respetó y quedó en la nada misma, tanto que dos meses más tarde el Gobierno de Lafalla echó a los policías rebeldes y desplazó a los jefes de la época que habían sido leales al Gobierno.

Cazabán se acomodó los anteojos y entrelazando las manos dijo a cámara: "Porque los acuerdos bajo presión no tienen validez. No existen. Y todos esos puntos fueron firmados bajo presión de personas armadas".

En 1999, Alejandro Cazabán se convirtió en el primer civil en dirigir las fuerzas de seguridad de Mendoza: el primer ministro de Seguridad. Era un cambio rotundo: la Policía había perdido el control de la fuerza.

Era una acción que muchos habían pregonado y deseado ejecutar. Por décadas. Hasta que llegó la hora.

Jaliff, hoy

El radical Juan Carlos Jaliff era parte de la sangre joven de aquella época.

¿Qué recuerda de aquellos días? -pregunta Diario UNO.

"El conflicto policial de 1998 me encontró siendo presidente de la UCR; el entonces gobernador, Arturo Lafalla, convocó a los principales dirigentes políticos de Mendoza, especialmente a José Genoud y Carlos Balter, que eran candidatos a gobernador para las elecciones del año siguiente" "El conflicto policial de 1998 me encontró siendo presidente de la UCR; el entonces gobernador, Arturo Lafalla, convocó a los principales dirigentes políticos de Mendoza, especialmente a José Genoud y Carlos Balter, que eran candidatos a gobernador para las elecciones del año siguiente"

"Se trabajó mucho y de manera muy reservada y se coincidió en que la política de seguridad era una política de Estado dejando de lado las injerencias políticas"

"Se arribó a un acuerdo político para hacer modificaciones dentro de la propia Policía, como poner un civil al frente y activar el nuevo Código Procesal Penal de Mendoza" "Se arribó a un acuerdo político para hacer modificaciones dentro de la propia Policía, como poner un civil al frente y activar el nuevo Código Procesal Penal de Mendoza"

"En vez de andar echándole culpas a la oposición como se ha hecho ahora a nivel nacional, en Mendoza, en 1998 elegimos otra salida: que el oficialismo convocara a la oposición para que todos juntos llegáramos a la salida del conflicto"