Con sus puertas cerradas desde mediados de marzo, los jardines maternales de Mendoza forman parte de una gran cantidad de actividades que se encuentran en una grave crisis como consecuencia de la pandemia y las medidas de aislamiento tomadas para evitar la propagación del coronavirus.
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Desde el sector señalaron a Diario UNO que ya son 11 las guarderías que decidieron su cierre definitivo y no volverán a prestar sus servicios aunque se levante la cuarentena que cumplió más de 60 días. Precisamente, este sábado el presidente Alberto Fernández anunciará la ampliación de la medida con diferencias en las restricciones para la Ciudad y provincia de Buenos Aires y el interior del país a raíz del número de contagios.
La ecuación no es compleja, los gastos fijos de impuestos, salarios, servicios y alquileres continuaron llegando mientras que el ingreso de dinero se cortó en abril. Esto provocó, en algunos casos, adquirir deudas que ya no se encuentran en condiciones de afrontar.
Es que el panorama no es favorable y no se vislumbra una pronta apertura para la vuelta a los jardines a raíz de la cantidad de niños y de la cercanía con la que se suelen manejar. No se trata de una falta de demanda ya que, con la apertura de otras tantas actividades, este tipo de servicios cada vez es más solicitado por los padres que están retomando sus tareas en las empresas.
La problemática no es menor, son muchos los padres y madres que han debido continuar o retornar a sus empleos sin tener un lugar donde dejar al resguardo a sus pequeños. Allí es donde surge la figura de los abuelos, algunos dentro de los grupos de riesgo, que deben quedar al cuidado de los niños.
La negativa para permitir el regreso se basa en la dinámica de trabajo, la cual es absolutamente opuesta a la recomendación de distanciamiento social.
"Ese es uno de los puntos más débiles que tenemos. Hacemos una tarea casi maternal, estamos en contacto con los chicos. Es lo primero que nos indican cuando pedimos por la reapertura", admitió Verónica Díaz, titular del jardín Rey Dragón, de Guaymallén.
Intentando buscar una solución, los propietarios de jardines decidieron elaborar un protocolo y presentarlo a las autoridades del Gobierno provincial. Con esto se busca demostrar un interés en el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad.
"Somos conscientes de que no podemos llevar adelante acciones en solitario. Tenemos conocimiento de que los protocolos son elaborados por la Nación y se deben acatar las disposiciones que se resuelven. Pero decidimos demostrar que estamos preocupadas y ocupadas en asesorarnos y ponernos a tono con las nuevas circunstancias", señaló Díaz.
Las medidas que proponen
"Nuestros jardines no serán los mismos que en diciembre", aseguró la mujer que está al frente de uno de los más de 500 jardines que se encuentran en Mendoza.
Entre las modificaciones que se plantean está, por ejemplo, la posibilidad de llevar un calzado para dejar en la institución. Con esto se espera limitar las posibles contaminaciones que se encuentren en la vía pública.
También se busca evitar el ingreso de mochilas y bolsos. Estos podrían ser reemplazados con bolsas de plástico cerradas que sean llevadas por los papás y mamás solo una vez a la semana con la merienda, pañales o ropa que requieran los pequeños.
"Nosotros trabajamos mucho con la higiene y la limpieza. Tenemos muy aceitado temas como el lavado de manos pero ahora estamos trabajando desde lo pedagógico para que todos estos cambios no afecten aún más a los chicos", indicó Díaz.
Sector en crisis
A pesar las medidas de alivio económico que se han planteado, los propietarios de jardines aseguraron haber quedado, en su gran mayoría, fuera de todas ellas.
Esto se debe a distintos motivos. "En el Ingreso Familia de Emergencia no estábamos contemplados por la categoría de monotributo. En otros casos, la facturación de años anteriores nos excluía de la ayuda para pagar salarios", esgrimió la mujer.
Una actividad ya golpeada
En noviembre del 2019, la Legislatura convirtió en ley una nueva reglamentación para las instituciones privadas que se encarguen de la atención de niñas y niños, desde los 45 días hasta los 3 años inclusive. Estas comenzaron a estar bajo la supervisión de la Dirección General de Escuelas.
La disposición estableció profundos cambios en cuanto a las instalaciones y personal necesario para poder funcionar. También planteó, en su artículo 16, que los establecimientos contarán con 90 días para adecuarse a la normativa.
Tras varias gestiones, lograron que la puesta en marcha de la legislación fuese postergada y se los incluyera en la discusión sobre cómo se iba a reglamentar.
