La propia Xumek dio a conocer la resolución de la ONU y lo celebró en su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/XUMEKDDHH/status/1407439718267211784
Uno de los referentes de Xumek, Sergio Salinas, explicó en Canal 7, a la periodista Sofía Fernández, que sigue de cerca el Caso Próvolo, que "es una decisión histórica la de la ONU. Por primera vez se la va a exigir al Vaticano que dé explicaciones por los abusos eclesiásticos en todo el mundo. Y en esa exigencia le da un lugar importante al Insituto Próvolo, de Mendoza".
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Sergio Salinas, abogado de Xumek.
Salinas recordó que "en febrero del año pasado fuimos con ECA (Ending Clergy Abuse) a Ginebra y pusimos en conocimiento de lo que pasaba en Mendoza a diferentes comités y relatorías de la ONU. Entonces no pasaba de ser una denuncia pero después de analizarla sí, concluyeron que tenía asidero. Naciones Unidas nos dio la razón".
La Iglesia, en su omisión, sigue siendo cómplice de los abusos en el Próvolo. Tiene que dar las pruebas para determinar culpas y responsabilidades, tiene que pedir disculpas públicas, derogar el Concordato de la Santa Sede y reparar integralmente a las víctimas. Es lo que pide la ONU La Iglesia, en su omisión, sigue siendo cómplice de los abusos en el Próvolo. Tiene que dar las pruebas para determinar culpas y responsabilidades, tiene que pedir disculpas públicas, derogar el Concordato de la Santa Sede y reparar integralmente a las víctimas. Es lo que pide la ONU
"Las relatorías especiales de la ONU publicaron un informe sin precedentes dando un plazo de 60 días a la Santa Sede para que dé explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia. Este gran avance se da gracias a la lucha incansable de los sobrevivientes por Justicia, a las organizaciones internacionales como ECA por su apoyo, y al equipo legal de Xumek que representó a les sobrevivientes", sumó el abogado.
En la denuncia realizada el año pasado "se detalla el accionar de la Iglesia Católica en el caso Próvolo de Mendoza, principalmente aquellas medidas vinculadas a proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia".
En esa presentación se destacó que "todavía siguen sin respuesta los pedidos de informes que se han realizado desde la Fiscalía al Arzobispado, lo que permite la impunidad de otros delitos ocurridos en el Instituto Próvolo ante la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas".
También fueron denunciados el representante de la Iglesia, Alberto Bochatey, por "entorpecimiento permanente" y el emisario del Vaticano, Dante Simón, por "incumplimiento de una orden judicial que lo obliga a informar a la Fiscalía sobre las investigaciones internas que la Iglesia Católica había realizado con relación al Próvolo".
Si bien las Naciones Unidas y sus diversas instituciones no tienen poder punitivo sobre los países, incluyendo al Vaticano, el informe sienta un precedente. De este modo, se ejerce presión internacional para que el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo acceda, por fin, al pedido de justicia-
Reclamo a la Justicia de Mendoza
Desde Xumek señalaron que "les sobrevivientes a los abusos sexuales del Instituto Próvolo en Mendoza son oídas en todo el mundo, excepto en el Poder Judicial de Mendoza: mientras la Organización de Naciones Unidas avanza en un informe inédito que exige al Vaticano dar explicaciones en un plazo de 60 días, los niños, niñas y adolescentes esperan que se materialice la reparación integral, una sentencia ya ratificada por la Corte desde hace más de un año".
"La sentencia que condenó a los curas ordenaba medidas de reparación integral a las y los sobrevivientes. En procesos judiciales normales, estas medidas demoran aproximadamente seis meses en hacerse efectivas. En el caso Próvolo, les sobrevivientes llevan más de un año esperando por ella". añadieron
Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a les sobrevivientes según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se dé tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de ellos, ellas y sus familias.
