Han pasado dos años desde la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, no solo a nivel nacional sino también en Mendoza siguen existiendo trabas para su cumplimiento.
Han pasado dos años desde la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, no solo a nivel nacional sino también en Mendoza siguen existiendo trabas para su cumplimiento.
Seguramente no faltarán los detractores de esta columna y es entendible. Convicciones religiosas, morales o por puro prejuicio social han sostenido por siglos la nula posibilidad de que una mujer pudiera decidir sobre su cuerpo e interrumpir un embarazo por las razones que fueran.
Recuerdo en los comienzos del ejercicio de mi profesión por los años ´90 la cantidad de casos que tuve que cubrir de mujeres criminalizadas por haberse hecho un aborto, que en el mejor de los casos terminó con esa mujer presa. Pero en un gran porcentaje o terminaban muertas o con una septicemia que trataban de controlar en el Lagomaggiore y las dejaba mutiladas de por vida. En un 100 por ciento eran mujeres pobres, jóvenes, madres de muchos hijos, o violadas por algún familiar. Todos los casos parecían calcados.
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Aceptar esta legislación que Argentina tiene desde hace dos años va a paso lento y es que para que el total de la sociedad lo entienda y acepte llevará tiempo.
Pero algunas de las razones que llevaron en su momento a los legisladores a aprobar esta ley se basó en un informe del Ministerio de Salud donde en 2005 estimo que en Argentina se realizaban en 350 mil y 500 mil abortos clandestinos y al momento del tratamiento del proyecto las cifras se mantenían. Sólo en 2018, antes de la sanción final, murieron 35 mujeres por abortos mal hechos.
La penalización solo generó que los abortos fueran clandestinos y se practicasen en forma insegura provocando una mortalidad elevada sobre todo en mujeres pobres y jóvenes. Y esto era por la falta de acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad. Esa omisión estatal anuló por años los derechos de las mujeres a la salud, la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, a la intimidad, dignidad y a estar libres de tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Rescaté un estudio publicado en noviembre de 2020 por la encuestadora IPSOS, que decía que la población argentina fue cambiando su postura durante los últimos seis años: en ese momento la cifra de argentinos que apoyaban el aborto en ciertas circunstancias pasó de 64% en 2014 a 75% en 2020. Y un 35% lo aprobó en cualquier situación. La cifra más alta de la región.
La Ley 27.610 ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus clandestino, no solo por el hecho de disponer legalmente del servicio de salud tanto público como privado, sino emocionalmente.
Pero a dos años, sesgos personales de algunos profesionales de la salud y burocracia en la atención, sobre todo en los efectores privados, son de las razones más escuchadas para que la ley no se aplique con la transparencia que debiera tener.
La Dra. Valentina Albornoz, es la Jefa del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza y contó a Diario Uno que en estos dos años han tenido casos “en los que no se han enmarcado en la objeción de conciencia sino por un sesgo personal. Hubo malas prácticas llevadas a cabo, las conocemos y las entendemos como obstaculización pero han sido casos aislados y hemos tomado las medidas pertinentes”.
El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health realizaron un análisis de la aplicación de la ley a lo largo de todo el país, a través del Proyecto Mirar cuya consigna fue “Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto”.
Entre las principales conclusiones que sacaron es que hay dilaciones innecesarias cuando una persona demanda un aborto y en algunos casos se realización procedimientos no recomendados por los protocolos oficiales.
La Dra. María Romera, médica y directora ejecutiva del CEDES comentó en Radio Nihuil que la situación no es igual en todas las provincias, sino más bien heterogénea. Explicó que “las mayores trabas son algunas demoras innecesarias. La Ley dice que el plazo es de 10 días y hay posibilidades si la persona consulta por debajo de la semana 14 y 6 días de gestación cuando es IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que la atención se haga en una única consulta. Y lo que ocurre es que va, le piden estudios que no son necesarios para el bienestar general de la mujer para su salud. Pero se atan esos estudios lo que significa poner un obstáculo más.”
Explicó que también ocurren cuestiones ligadas a la confidencialidad. “En los lugares más chicos, a veces hay un solo centro de salud que da acceso. Entonces las mujeres sienten que si van a ese lugar están más expuestas frente al resto y a pesar de que es una práctica legal, sigue siendo una práctica social estigmatizada. Quizá menos de lo que era antes pero el estigma sigue estando”.
Aún están presentes en las retinas las marchas de los pañuelos verdes. También las contra marchas de los pañuelos celestes. Y es que se trató de una lucha que comenzó en 2003 en Argentina y se extendió a los largos de los años a varios países de Latinoamérica.
La Campaña Nacional del Aborto decidió usar el color verde porque no estaba relacionado con ninguna causa de índole política. Tampoco fue aleatorio elegir un pañuelo para la luchar por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. En 1977 se inició el movimiento de Madres de Plaza de Mayo que llevaban pañuelos blancos en sus cabezas para hacer visible la búsqueda de sus hijos desaparecidos.
Hubo que transitar un largo camino e intentos fallidos en el Congreso por los juicios sociales y religiosos. Los prejuicios a juzgar a una mujer por querer interrumpir un embarazo sin entender el contexto detrás, implicó una grieta en el país. Una más
Como decíamos, en 2003 el Encuentro Nacional de Mujeres en su edición 17 de Rosario comenzaron la lucha pensando estrategias de incidencia con el pañuelo identificatorio a nivel mundial por el acceso al derecho, aportado por Católicas por el Derecho a Decidir.
En mayo de 2005 se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito que junta firmas que fueron entregadas en el Congreso con la consigna” Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, que se mantiene hasta hoy.
En 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino por no haber garantizado en 2006 el acceso al aborto a una joven con discapacidad embarazada producto de una violación. Situación contemplada en el artículo 86 del Código Penal de 1921.
En 2012, la Corte Suprema en su fallo en el caso FAL, determina que las mujeres violadas podían acceder a la interrupción legal del embarazo, sin pasar por un proceso judicial y exhorta a las provincias a que sancionen protocolos que facilitaran la práctica.
En 2018 la Cámara de Diputados aprobó la sanción del proyecto pero luego fue rechazado en el Senado.
En 2019 el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo obtiene rango legal. En tanto, la Campaña vuelve a presentar el proyecto.
En noviembre del 2020, el presidente Fernández envía al Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo junto a la Ley de Atención y Cuidado Integral de la salud del Embarazo y la de Primera Infancia, conocida como Ley de los 1.000 días. El diciembre de ese año, la ley obtiene sanción de ambas cámaras.
El 24 de enero de 2021 entró en vigencia la ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo y reguló la atención post aborto de todas las personas con capacidad de gestar. Norma de aplicación obligatoria en todo el país.
En 2021 se concretaron casi sesenta mil abortos en el sistema público de todo el país. Según datos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud en Mendoza se concretaron 2916 interrupciones el año pasado.
En el primer semestre de 2022 la oficina nacional distribuyó 38.229 tratamientos. Seguramente el número será muy superior cuando se tenga la radiografía completa del año puesto que durante el 2021 se distribuyeron 74.071 tratamientos de Misoprostol, lo que significó cuatro veces más que en 2020.
Aún no hay datos actualizados de este año en la provincia. “No hemos notado masividad en la aplicación. Por supuesto que es más de lo que se hacía antes porque ahora es una práctica legal y obligatoria. Estamos recabando el dato con mucha certeza para saber dónde se llevan a cabo las prácticas a lo largo de todo el territorio provincial. Si te doy un número ahora estará demasiado sesgado por el Gran Mendoza y no creo que sirva” explicó la Dra. Albornoz
Si bien desde la sanción de la Ley a hoy el número de hospitales públicos que provee IVE e ILE (Interrupción legal del Embarazo) para casos de violación, aumentó 58 por ciento, todavía hay muchas dificultades para dar una respuesta oportuna sobre cuando se trata de una consulta en el segundo trimestre del embarazo.
“Sí, ocurren escenas de maltrato, la no entrega de analgésicos, por eso el eje del reportes de este año es la calidad” explicó Romero.
Una de las claves para evitar situaciones de maltrato, trabas o dilaciones es la capacitación del personal de salud.
“Durante 2021 hubo una fuerte apuesta en la formación de los equipos para evitar violencia obstétrica. Yo participé de 18 charlas” explicó la Dra. Romero
La Jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza admitió que si bien hay casos aislados de sesgo personal no se le ha presentado grandes resistencias o planteamientos de orden institucional para la implementación del aborto.
Según el análisis del Proyecto Mirar, otro de los problemas detectado es que todavía se sigue usando tecnología obsoleta y riesgosa como los legrados. Esta práctica se hace para terminar los abortos aunque no están recomendados. En su lugar se aconseja la aspiración manual endouterina (AMEU).
En Mendoza tal como recomienda la OMS la IVE se realiza con Misoprostol y las autoridades de salud afirman que hay medicación suficiente.
Sin embargo, la Dra. Romero del CEDES nos decía que los insumos están pero se reparten con discrecionalidad, según sea la provincia y su color político.
Explicó que durante el primer semestre se distribuyeron 36 mil tratamientos de Misoprostol, más 25 mil de mifespristona y misoprostol que es una combinación más efectiva. Y que la Dirección Nacional tiene previsto la compra de 50 mil tratamientos más.
“El aseguramiento de los insumos es definitivamente una medida clave para sostener la política pública de aborto”.
Hay servicios de salud en donde la atención es poco clara y a veces se solicitan estudios innecesarios.
“Si bien las obras sociales y prepagas se han sumado a la cobertura hemos notado ese tipo de irregularidades o demoras que tienen que ver más desde lo burocrático y tratamos de estar presentes en los casos particulares en donde las mujeres se han comunicado con nosotros y por fuera gestionando con las prepagas u obras sociales todo lo que más se pueda para tratar de agilizar el trámite” explicó Albornoz
Hoy por hoy en Mendoza es mucho más ágil y efectivo el procedimiento en la salud pública que privada. Probablemente se deba a un tema de organización y capacitación previa lo que ha logrado introducir de manera más raída la práctica e implementarla con éxito.
Volviendo al informe del Proyecto Mirar en algunos lugares del país se detectan objeciones de conciencia no ajustadas a la ley, como cuando personal administrativo obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos.
También en zonas alejadas hay casos donde todas las personas que integran el equipo de salud se declaran objetoras lo que no deja opciones para quienes demandan el derecho. La opción es recurrir a los servicios de otra localidad lo que no siempre está a mano.
En Mendoza no hay un registro de profesionales de la salud objetores de conciencia. Sin embargo, sí les piden a los profesionales que se sientan afectados a convocar ese derecho que lo hagan por escrito a su superior inmediato. “Si bien no llevamos el registro por ende no notamos que funcionen como obstaculizadores y tratamos de enfocarnos en los médicos que sí pueden brindarnos la práctica integral entonces partimos de ese núcleo positivo más que nada” explicó Albornoz.
Otro dato a tener en cuenta es que para garantizar el acceso a los abortos existe la línea nacional de Salud Sexual 0800-222-3444 que recibe los casos y trabaja con un sistema de georeferencia para derivar a cada punto del país. La línea atiende de lunes a viernes de 9 a 21 y los feriados y fines de semana de 9 a 18 los 365 días del año. Y en no más de 72 horas se le debe dar una respuesta concreta a la mujer. También los Centros de Salud de la provincia pueden darle curso a las demandas espontáneas. Esto significa que las personas podrán acercarse a los centros de atención primaria donde se las orientará sobre la práctica y en los cuidados posteriores.
En definitiva la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Y tras su sanción transformó el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito.
Sin embargo, tal como consigna el artículo 12 de la ley, el Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Norma que lamentablemente se aplica parcialmente y a algunas escuelas, sobre todo las confesionales, ni siquiera llega con claridad.
A 16 años de la sanción de la ESI, si bien la norma provocó un cambio de 180 grados en el abordaje de la sexualidad en la escuela y abrió caminos hacia otros hitos del acceso a derechos como el matrimonio igualitario y la IVE, muchos jóvenes, hoy en diciembre de 2022, siguen sin tener acceso a unos conocimientos básicos de sus derechos sexuales. El cambio debe empezar por la casa.
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